Sujeto llamó a eso de las 8 a. m. y avisó sobre supuestos explosivos

 27 febrero, 2013

Ciudad Quesada. Una falsa alerta de bomba en los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada, San Carlos, obligó a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública a trasladar un perro entrenado desde San José.

Esa y otras acciones llevadas a cabo para comprobar que no existía dicho explosivo significaron un costo superior a ¢1 millón, según informó la entidad.

El aviso sobre la supuesta bomba se dio ayer, alrededor de las 8 a. m., cuando un sujeto llamó desde un teléfono público al 911 e indicó que había explosivos en el edificio judicial.

De inmediato, la Administración de esa sede ordenó la evacuación de unos 270 empleados que laboran ahí y de 60 personas que realizaban trámites.

Posteriormente, diferentes autoridades iniciaron la revisión de las instalaciones.

Como parte del operativo, el Ministerio de Seguridad trasladó el perro entrenado en detectar explosivos desde San José hasta la pista de aterrizaje en Quebrada Azul de San Carlos, a 15 kilómetros de Ciudad Quesada.

Larson Alemán, oficial de la Fuerza Pública, explicó que solo ese desplazamiento aéreo del perro costó $600. El policía explicó que el animal era necesario para agilizar la operación que descartara la bomba. También se requirió personal y patrullas.

Alrededor de la 1 p. m., luego de registrar el edificio, los empleados regresaron a sus labores.

Entre ellos estaba el funcionario Alexánder Matarrita, quien lamentó que una “broma de mal gusto” provocara temor entre los empleados y los obligara a suspender las labores, e incluso dos juicios por delitos sexuales que estaban programados para la mañana.

Caras bromas. Las autoridades de Seguridad señalaron, una vez más, que estas jugadas salen caras a la institución.

El viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, explicó que cuando se alerta sobre una bomba en el Poder Judicial, suele ser para evitar juicios, remates o audiencias. Precisamente, hace un año Gamboa denunció que cada una de esas supuestas emergencias (sin traslados en avión) le cuesta al país, como mínimo, ¢872.000.

Las autoridades investigan quién fue el autor de la llamada, que se realizó desde Liberia. El miércoles pasado, ese Tribunal fue objeto de otra falsa alarma.