En el primer semestre de este año se aprehendieron 5.132 varones contra 5.027 detenidos en igual periodo del año pasado

Por: Hugo Solano 5 septiembre, 2015

El 18 de agosto, Gerardo Antonio Hernández Gómez, de 39 años, se sentó en el banquillo de los acusados ante un Tribunal Penal de San Carlos donde se desarrolla un juicio en su contra porque intentó matar a su conyugue el pasado 23 de enero en Florencia.

Méndez es un expolicía que agredió con arma blanca a su compañera en el asentamiento campesino de Bonanza norte, Florencia, la noche del sábado 25 de enero.

De no ser por la intervención de un hijo que llegó poco después de iniciada la agresión, el expolicía habría matado a Guadalupe Rivera Torres, de 42 años, quien quedó grave en el hospital. Tenían 13 años de convivir y tres hijos.

En un principio a Hernández se le ofreció acogerse a un proceso abreviado en el que, tras la aceptación voluntaria de los cargos, se le fijaría una pena de 15 años de prisión, pero no lo aceptó y ahora se expone a una pena entre los 20 y 35 años de cárcel.

El Tribunal integrado por Maribeth Mora, Marco Vinicio Lizano y Adriana Orozco, tienen a cargo el juicio contra el expolicía que intentó matar a su compañera, con quien tenía 13 años de convivir.
El Tribunal integrado por Maribeth Mora, Marco Vinicio Lizano y Adriana Orozco, tienen a cargo el juicio contra el expolicía que intentó matar a su compañera, con quien tenía 13 años de convivir.

Historias similares a estas son atendidas a diario, más frecuentemente de lo que cualquiera podría pensar. La Fuerza Pública aprehende cada año a más de 10.000 agresores, es decir, en promedio, uno cada hora.

Según las autoridades, Puntarenas fue la provincia que más detenciones de este tipo registró en el primer semestre de este año, con 1.174. Le siguen Alajuela con 1.025, Guanacaste con 948 y San José con 867.

En otro caso, ocurrido en San Isidro de Pocosol de San Carlos, el 3 de agosto, Cristina Alemán Reyes, de 22 años tuvo que caminar 500 metros semidesnuda y con su hijo de ocho meses por un camino de tierra hasta la casa de su madre, donde llegó dando gritos de auxilio.

Su pareja, con quien tenía tenía tres años de convivir en el poblado fronterizo, intentó asesinarla y quemarla con su hijo.

Como sucede en la mayoría de esos casos, el alcohol fue el detonante para una brutal agresión en la que el hombre golpeó y abusó sexualmente a Cristina, luego la amarró con su hijo y les roció canfín para quemarlos.

El causante de la agresión, de apellido Serrano, huyó hacia Nicaragua y no se sabe dónde está.

Irá 15 años a prisión. Jacson Arturo Juárez Carvajal, fue condenado a 15 años y 15 días de prisión este 27 de agosto por intentar matar a su excompañera sentimental de apellido Quesada Rodriguez. La condena surgió solo 22 días después de que fue presentado por la Fiscalía al Tribunal de Flagrancia de Upala.

Asimismo se le prorrogó la prisión preventiva por seis meses, ante el peligro de fuga, mientras la sentencia queda en firme.

Los hechos se dieron el jueves 6 de agosto en Argelia de Upala. Según la acusación, el imputado se presentó a la casa de habitación de su excompañera sentimental a sabiendas de que contaba con medidas que no se lo permitían.

Tras ingresar a la fuerza, intentó darle muerte con un cuchillo. Según dijo en su momento la mujer a la Policía, Juárez le lanzó una estocada al cuello, sin embargo ella evitó la agresión metiendo su mano, lo que le provocó una herida en la mano derecha.

Tras ser detenido y acusado por el fiscal Mauro Rodríguez, el hombre aceptó los cargos y se sometió al proceso abreviado.

La fiscala especializada en asuntos de género, Eugenia Salazar, afirmó que, dependiendo de cada caso, existe la posibilidad de negociar este tipo de procesos que evitan ir a un juicio donde la víctima debe declarar frente al agresor.

En los procesos abreviados generalmente se dictan penas menores a 20 años que es el monto mínimo para quien concrete un femicidio o un intento de femicidio, según lo establece el artículo 73 del Código Penal.

Violencia excesiva los fines de semana. De acuerdo con Raúl Morales, director del programa de violencia intrafamiliar del Ministerio de Seguridad Pública, el año pasado atendieron unas 70.000 llamadas por distintos tipos de violencia intrafamiliar.

Ana Hidalgo, coordinadora del área de Violencia de Género del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) confirmó que el machismo es el principal disparador de la violencia contra las mujeres y que la mayoría de agresiones surgen los días que existen condiciones propicias para el consumo de alcohol, cuyo abuso desinhibe a la persona agresora.

Aprehensiones por violencia doméstica
Aprehensiones por violencia doméstica

"Los fines de semana, cuando hay partidos de fútbol , se dan la mayoría de agresiones", dijo.

La Fuerza Pública no necesita de una orden de allanamiento para entrar a una casa en casos de violencia contra la mujer. Basta con escuchar gritos en el lugar de la alerta o que las víctimas les digan que entren, para proceder a sacar al agresor del sitio.

Raúl Morales explicó que ante el riesgo de un intento de homicidio, la legislación les faculta para entrar de inmediato al sitio y presentar al agresor ante un juez, quien es el encargado de dictar medidas de protección.

Desalojo es primera acción. Al ordenarse el desalojo del agresor, la Policía lo acompaña a la casa, para cumplir lo que el juzgado ordena. Se le retira la llave de la vivienda, se le indica que debe sacar sus cosas personales, así como herramientas de trabajo y se le acompaña a donde familiares o conocidos a los que se les indica que ha sido retirado de su núcleo familiar por problemas de violencia.

Al individuo se le recuerda que no puede acercarse al hogar no hacer ningún tipo de intimidación a sus familiares.

En caso de incumplimiento de las medidas de protección a la víctima, la Policía puede presentarlo ante el Juzgado de Flagrancia donde se les dicta sentencia de una vez.

Cuando la Policía determina que hubo tentativa de homicidio, lleva al agresor directo al Ministerio Público donde se presenta el informe para que ese órgano judicial sea el que solicite prisión preventiva ante el juzgado.

La ley de penalización de violencia contra las mujeres contempla distintas sanciones que incluyen la prisión. Si se da un feminicidio o un intento de este, la condena puede ser de 20 a 35 años de cárcel.

Según Morales, existe una coordinación entre instituciones para que cuando un agresor cumple la pena y sale de la cárcel, el juzgado le avise con anticipación a la Policía para que ellos, a su vez, le avisen a la víctima y esté enterada de la libearción del individuo.

Agresores tras las rejas. Dijo que cada semana se les informa de al menos una o dos órdenes de libertad por este tipo de causas, por lo que estimó que cada año unos 90 agresores descuentan penas de cárcel.

Cuando el agresor es detenido por primera vez generalmente el juzgado le dicta otras alternativas diferentes a la prisión como medidas correctivas que pueden ser la realización de obras sociales o de desarrollo comunal.

En la atención de esta problemática la Fuerza Pública debe atender con diligencia los llamados aunque se repitan, cinco, diez o hasta 15 veces seguidas.

A veces, por diversas circunstancias, la víctima no desea formular denuncia, pero aún así la Policía lleva al agresor ante la autoridad judicial correspondiente, porque así lo dispone la legislación.

Las llamadas telefónicas no son el único recurso para acudir a la autoridad. En algunos casos la víctima hace señas a una patrulla que pasa o acude a la delegación policial más cercana.

En cuanto a la gran cantidad de casos, el Inamu sostiene que el aumento en las denuncias no necesariamente se debe a un aumento en la violencia sino a los alcances y efectos de los programas que permiten a las mujeres identificar el problema.

"El aumento en las denuncias es, además, un indicador favorable de intolerancia a esta forma de violencia y emite el mensaje de que la conducta del agresor de la mujer es punible", dijo Ana Hidalgo.

A mayor conciencia, más denuncias. Sobre el hecho de que provincias como Puntarenas, Alajuela y Guanacaste sean las que presentan más casos de violencia contra la mujer, Hidalgo afirmó que en esas zonas se realizan acciones articuladas interinstitucionales y de la sociedad civil, lo que genera mayor conciencia sobre el problema y mayores denuncias.

Insistió en la prevención y la erradicación de la cultura machista como el camino más seguro para disminuir esa problemática.

Estimó que las medidas cautelares sí contribuyen a proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas.

Consultada sobre si está de acuerdo con una iniciativa para colocar un brazalete electrónico a este tipo de agresores en lugar de recluirlos en un centro penal, dijo que si el mecanismo funcionase, lo positivo sería que optimiza los mecanismos para proteger a las víctimas.

Colaboraron Carlos Hernández y Edgar Chinchilla, corresponsales en San Carlos