Sucesos

63% de los recursos no se acoge para estudio

Actualizado el 16 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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63% de los recursos no se acoge para estudio

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La Sala Tercera, presidida por Carlos Chinchilla, está compuesta por cinco magistrados propietarios y un cuerpo de 22 letrados.  | ARCHIVO
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La Sala Tercera, presidida por Carlos Chinchilla, está compuesta por cinco magistrados propietarios y un cuerpo de 22 letrados. | ARCHIVO

Los recursos de casación que se interponen ante la Sala Tercera pasan por un filtro de 12 letrados que analizan, en principio, si cumplen o no los parámetros de admisibilidad. En el 2013 fueron rechazados 1.025 reclamos, lo que correspondió al 63% del total.

Ese alto índice de no admitidos es interpretado por algunos juristas como una denegatoria de la justicia a los usuarios.

José Arnoldo González, coordinador de la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública, considera que la norma vigente no respalda los criterios restrictivos de admisibilidad que aplica la Sala Tercera, ni existe una ignorancia de los abogados que redactan los recursos.

“La Defensa Pública cuenta con un equipo de profesionales de experiencia muy capacitados en estos temas; incluso cuando funcionaba el anterior recurso de casación, las estadísticas de declaratorias con lugar de recursos de la Defensa eran mayores”, dijo.

Según estadísticas del Poder Judicial, ese alto tribunal declaraba con lugar entre el 65% y 80% de los recursos que interponía la Defensa Pública y les rechazaba apenas el 2%.

No obstante, en el 2013, un 7% fue declarado con lugar, el 22% sin lugar y se rechazó el 71%.

En el caso de las casaciones que presentó la Fiscalía, antes se declaraban con lugar entre el 50% y 60% de los reclamos, y en el 2013 solo el 35%, pero le acogieron para estudio la mayoría de sus reclamos, un 55%.

Rosaura Chinchilla, jueza de apelaciones, asegura que existe una crítica a la reforma, pues la sanción procesal de inadmisibilidad debe decir expresamente los criterios para rechazar un caso, pero esto no ocurre con la normativa. “Esa ambigüedad se presta para ampliar el ámbito de discrecionalidad del operador jurídico, que puede traducirse en arbitrariedad”, opinó Chinchilla.

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