Sucesos

58 presos reubicados por cierre de San Sebastián

Actualizado el 15 de agosto de 2016 a las 12:00 am

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58 presos reubicados por cierre de San Sebastián

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La cárcel de San Sebastián es la única exclusiva para indiciados (acusados de algún delito); no obstante, por la sobrepoblación del sistema penitenciario, también recluye a sentenciados. | MAYELA LÓPEZ

Entre el 1.° y el 8 de agosto, distintos juzgados remitieron a 58 presos a la cárcel de San Sebastián, en San José, para que descontaran allí su prisión preventiva. Pero, por la resolución del juez ejecutor de la pena, Roy Murillo, esos presos tuvieron que ser ubicados en otro centro penal.

El fallo, emitido en julio, ordena que, en 18 meses, se dé el cierre definitivo de San Sebastián, penal exclusivo para indiciados (personas acusadas de algún delito). Pese a ello, y por la misma sobrepoblación del sistema penitenciario, también hay condenados recluidos ahí.

La capacidad real de esa cárcel es de 559 reos. No obstante, a inicios de agosto, había 1.103 imputados y 165 sentenciados.

Los 58 presos fueron distribuidos en las cárceles de Liberia, Limón, Pérez Zeledón, Cartago y Puntarenas, las cuales no presentan un hacinamiento crítico (menos del 20%).

Esas prisiones también tienen órdenes, dictadas por otros jueces de Ejecución de la Pena, que les prohíben aceptar a más reos. Empero, por una diferencia de criterios entre esos juzgadores y ante la inexistencia de un tribunal de alzada, Justicia se tomó la potestad de levantar dichos cierres.

“Ha sido una situación que nos ha puesto a correr mucho y a tomar decisiones. Teníamos que buscar un balance entre las cosas para tampoco sobresaturar, aún más, las otras cárceles. Además, tenemos que medir hasta el tema del arraigo del preso”, precisó Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social.

Justamente por lo delicado del tema es que Justicia creó una comisión especial. Dicho grupo realiza un plan para el desalojo progresivo del centro, al tiempo que el viernes 5 de agosto, le solicitó al juez Roy Murillo que reconsidere lo del cierre definitivo.

“San Sebastián puede funcionar siempre que le hagamos las mejoras que nos solicitó y que lo mantengamos con la capacidad real”, insistió Villalobos.

Hasta el cierre de esta edición, Murillo no había respondido dicha petitoria.

Poco tiempo. Pese a que Justicia ya tomó cartas en el asunto y trabaja para reubicar a los reclusos, calificó de “absurdo” el plazo que dio Murillo para cerrar la cárcel.

La crítica se da, sobre todo, porque el juez ordena que se debe cumplir con las recomendaciones que hace el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como “disponer lo necesario para girar la orden de proyectar, planificar y construir un centro del programa institucional para los indiciados, que contemple los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos”.

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Villalobos señala que para levantar una cárcel, se necesita de más tiempo y dinero.

“Las dificultades que hay en este país para contrataciones administrativas son de todos conocidas. Lo que pasa es que los jueces nunca han tenido que construir nada. Entonces, ellos no tienen idea de que hay una serie de imprevistos que hay que tomar en cuenta. Requiere de mucho tiempo, no de unos meses”, reprochó Villalobos.

Razón. Por su parte, el juez rechazó la crítica al asegurar que definió ese plazo (18 meses) basándose en las “promesas de Justicia” de ampliar la infraestructura.

“Dicen que en abril va a estar lista la primera unidad productiva; es decir, hay un objetivo de ampliarlo y no es porque yo lo quiera, sino porque ellos mismos lo dicen. Sé que esta nueva cárcel es para sentenciados seleccionados. Pero cerca de 700 personas saldrán para esos espacios nuevos y los indiciados pueden ser reubicados en los espacios viejos que dejan los condenados (...). Es una ejecución viable”, sostuvo Murillo.

Además, señaló, desde hace 20 años, tanto la Sala Constitucional como los jueces de Ejecución de la Pena le han pedido al Ministerio de Justicia “resolver esta situación crítica, pero no cumplen con esas resoluciones judiciales. Si se hace un recuento histórico, realmente no les estamos dando solo 18 meses para mejorar la situación, sino que les damos 21 años y medio y eso ya es bastante tiempo, ¿no?”, concluyó el juez.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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