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Fiscal subrogante, Carlos María Jiménez, habla de casos sonados que terminaron sin condena

Carlos María Jiménez: ‘Yo prefiero decir que los juicios son para absolver’

Actualizado el 14 de julio de 2014 a las 12:00 am

Fiscalía espera revertir absolutorias de seis homicidios en Osa y San Carlos

Representante del Ministerio Público dice que no todas las pesquisas son malas

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Carlos María Jiménez: ‘Yo prefiero decir que los juicios son para absolver’

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“Cuando hay un juicio y se absuelve por responsabilidad de los fiscales, jueces o la Policía, por ineficiencia, mala práctica o porque no hicimos el trabajo como debía ser, deberíamos de preocuparnos porque eso es impunidad, pero cuando habiéndose hecho el trabajo, se genera una absolutoria, debemos tener claro que los juicios son para condenar o absolver. Yo prefiero decir que son para absolver, y si hay que condenar, que se condene. Lo más peligroso es condenar inocentes”.

De esa forma, el fiscal subrogante, Carlos María Jiménez, habló con La Nación sobre casos recientes que terminaron sin condena, por errores o arbitraridades de la Fiscalía, en criterio de los jueces a quienes tocó juzgar los hechos.

Entre ellos, están los triples homicidios ocurridos en Osa y San Carlos, donde hubo yerros en la pesquisa u omisiones al dicho de testigos. También, el caso de un guarda que fue 10 meses a la cárcel por un robo en Pococí que nunca cometió y el de una mujer acusada por venta de drogas, que pasó siete meses encerrada, pero fue absuelta por no haber pruebas en su contra. En este caso, los jueces dijeron que la actuación del fiscal fue ‘tendenciosa y arbitraria’.

Además, está la absolutoria del exjefe del OIJ, Rafael Ángel Guillén, quien fue acusado por estafa y, 11 años después, la Fiscalía pidió la absolutoria y los jueces determinaron que solo hubo un negocio fallido. Finalmente, está el juicio por la muerte de Johel Araya, donde se absolvió a 10 policías, y el propio Ministerio Público aceptó haber fallado en la investigación.

Carlos María Jiménez,  fiscal subrogante, dijo durante una entrevista con La Nación que los jueces absuelven por inocencia,  porque el hecho acusado no era delito, falta de pruebas  o porque esta fuese ilegal o espuria. Sin embargo, defendió que han logrado que el 70% de las absolutorias que apelan, es admitido para estudio por los tribunales de apelación.
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Carlos María Jiménez, fiscal subrogante, dijo durante una entrevista con La Nación que los jueces absuelven por inocencia, porque el hecho acusado no era delito, falta de pruebas o porque esta fuese ilegal o espuria. Sin embargo, defendió que han logrado que el 70% de las absolutorias que apelan, es admitido para estudio por los tribunales de apelación. (Albert Marín)

Los juicios. Carlos María Jiménez advirtió de que no se puede generalizar sobre pesquisas malas. Según explicó, los juicios son para condenar o absolver. “Si tenemos que condenar a todos los que llegan a juicio, ¿para qué tribunales? No nos asustemos por las absolutorias, sino por la injusticia, inercia, ineficacia, el error o la mal praxis de los que intervenimos en esto, pero el sistema está para que se condene o se absuelva por los hechos o por el derecho”, expresó.

Jiménez puntualizó que el Ministerio Público tiene procedimientos para actuar en casos de negligencia, con el fin de declarar la no idoneidad del funcionario; pero no puntualizó cuántos han sido procesados así. Añadió que también existen las vías penales, laborales y procesales para actuar en estas situaciones.

Según dijo, los tribunales absuelven por diversas razones, entre ellas, por inocencia, porque el hecho acusado no era delito, por falta de pruebas o porque esta fuese ilegal o espuria. No obstante, para Jiménez la sentencia de primera instancia no es la última palabra.

El funcionario aseguró que los fallos que se trajeron abajo las investigaciones por tres crímenes en Osa y otros tres en La Fortuna de San Carlos serán apelados para intentar revertir las absolutorias en otras instancias.

Por ejemplo, en los crímenes de San Carlos, del 9 de febrero del 2013, el Tribunal de Juicio sostuvo la semana pasada que la prueba nacida de un celular hallado en la escena fue anulada, debido a que agentes judiciales hicieron llamadas y enviaron mensajes de texto, lo que contaminó la evidencia, además, cuando un juez revisó el aparato, sus características no coincidían.

“Uno de los retos de los funcionarios que tenemos que ver con la gestión de la justicia, es revisar la cultura jurídica que hemos venido desarrollando que tiene que ver con las causales de la prisión preventiva, juicios contra inocentes o las absolutorias por inocencia en el hecho", Carlos María Jiménez.

Con los tres asesinatos perpetrados el 1.° de agosto del 2012 en Banegas de Osa, a finales de mayo pasado, los jueces calificaron de ‘vergonzosa’ la pesquisa, pues durante la investigación no se tomó en cuenta el relato de un testigo que brindó características de los homicidas, que no coincidían con los imputados.Por el crimen de Osa, Jiménez arguyó que el tribunal no se fundamentó en razones de derecho para absolver, sino que se basó en que hubo una “teoría de la conspiración” entre Fiscalía y OIJ para llevar a juicio a los imputados.

Añadió que la información obtenida en la investigación varió en el juicio porque uno de los principales testigos que acreditaría la participación de los imputados, se abstuvo de declarar, pues la defensa de los imputados alegaron que él también era sospechoso y el tribunal le asignó un defensor público que le aconsejó no hablar. En el caso de San Carlos, el fiscal subrogante aseguró que apelarán por que la identidad del celular no puede estar en duda por las características físicas, ya que para eso existe el código único, llamado IMEI. Además, dijo que si hubo una utilización del celular por parte de los agentes, esto no invalida la información generada desde este teléfono por los usuarios o poseedores.

Fiscalización. Jiménez comentó que para él hace falta mayor auditoría ciudadana, de manera participativa, a través de asociaciones de víctimas y ofendidos para examinar la actuación de quienes integran el sistema de justicia.

El fiscal reconoció que el sistema está en deuda por el transcurso del tiempo existente entre el hecho y el juicio, lo cual muchas veces conlleva a que haya absolutorias por insuficiencia probatoria como cuando un testigo no concurre o presenta olvidos.

Frente a una absolutoria, Jiménez dijo que se debe distinguir: hay inocentes de hecho y de derecho. “Es muy diferente cuando se anula una prueba, que acredita la comisión de delito, por razones legales, lo que no indica que socialmente yo no haya cometido el delito”, afirmó.

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