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Dos homicidas en lucha por una menor condena

Actualizado el 24 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

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Dos homicidas en lucha por una menor condena

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Alexánder Vargas Rojas, alias Repollo, tiene 45 años, de los cuales, ya lleva 19 en prisión.

Él es el hombre que el 22 de noviembre de 1995, asesinó al gerente bancario Carlos Alberto Vargas Hernández, a su esposa, Marjorie Quirós y a un hijo de ambos, de año y medio. El triple crimen ocurrió en Llorente de Tibás, San José.

Dos hijos pequeños de la pareja sobrevivieron y dieron aviso a las autoridades.

El plan del delincuente era obligar al gerente a abrir la bóveda de una sucursal bancaria y matar a la familia.

Por esa masacre, en 1996, Repollo fue condenado a 173 años de cárcel, de los que deberá cumplir 50, según la pena máxima permitida en el país.

Para él, ese tiempo de reclusión es una cadena perpetua, que no le permitirá tener un proyecto de vida al salir.

Alexánder Vargas, quien asesinó a una familia en 1995, ha sido uno de los impulsores de rebajar  la pena máxima. | JONATHAN JIMÉNEZ / ARCHIVO.
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Alexánder Vargas, quien asesinó a una familia en 1995, ha sido uno de los impulsores de rebajar la pena máxima. | JONATHAN JIMÉNEZ / ARCHIVO.

“Yo no digo que una pena no sea acorde con lo que comete una persona, pero la pena tiene que tener un fin. Para poner esta pena, tenía que haber programas de rehabilitación reales, pero yo les pregunto, ¿cuál es el sistema de rehabilitación actual?”, cuestionó en una entrevista con La Nación , en marzo del 2014.

En el 2008, él acudió a la Sala Constitucional para intentar que se anulara la reforma que aumentó la pena máxima; no obstante, ese órgano rechazó la acción y mantuvo el castigo.

Pese a ese intento fallido, otro reo presentó una nueva solicitud en junio de este año, la cual está en estudio. Se trata de Francisco Madrigal Guerrero, de 43 años, quien en el 2011 fue sentenciado a 70 años de cárcel por matar a balazos a dos sujetos, en el 2005.

En su acción ante la Sala, Madrigal argumentó que la pena elevada no tiene fin resocializador.

Además, alegó que en 1994, cuando se dio la reforma, la Corte Suprema de Justicia emitió un criterio y la Asamblea Legislativa no lo acogió, por lo cual, la Constitución Política obligaba a que fuesen 38 diputados los que aprobaran la ley, pero esto se realizó en una comisión con 19 legisladores.

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