Sucesos

Se trata de los centros penales de Liberia, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas

4 cárceles tienen prohibición de ingresar a más reclusos

Actualizado el 04 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Órdenes de jueces se dan pese a que penales no tienen hacinamiento crítico

Falta de ‘criterio unánime’ le permite a Justicia reubicar reos a esas prisiones

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4 cárceles tienen prohibición de ingresar a más reclusos

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La cárcel de Limón es una de las que tiene cierre técnico, pese a que no está sobrepoblada. La capacidad real es de 488 reos y, actuamente, hay 458. | RAÚL CASCANTE

Cuatro cárceles de Costa Rica tienen prohibido ingresar a más presos pese a que no presentan un hacinamiento crítico (menos del 20%).

Así lo ordenaron distintos jueces de Ejecución de la Pena en resoluciones del 2011 al 2015, las cuales aún están en firme.

Se trata de los centros penales de Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Limón. En el caso de esta última prisión, ya no hay hacinamiento: la capacidad real es de 488 reos y en la actualidad alberga a 458, detalló el Ministerio de Justicia.

En los fallos, los juzgadores indicaron que la prohibición era de “manera indefinida” para garantizar la reducción de la sobrepoblación en cada centro.

Por ejemplo, la jueza de Puntarenas, Nelly Salas, detalló en su resolución: “Se advierte a la autoridad penitenciaria que en caso de que la Policía Judicial u otras autoridades judiciales le remitan a ese centro penitenciario población sentenciada, deberán ubicarlos en otros centros de Programa de Atención Institucional”.

Para el Ministerio de Justicia, esta situación complica –pero no limita– las “maniobras” que deben hacer para cumplir con otras órdenes judiciales, como la que dio, el 20 de julio pasado, el juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, de cerrar definitivamente la cárcel de San Sebastián, en San José.

“La de San Sebastián es una cárcel más a la que se le dicta un cierre técnico, solo que este tiene la particularidad de la clausura.

”Entiendo que hay jueces que hacen un esfuerzo al fijar estos cierres, con los cuales buscan evitar que el hacinamiento se eleve, pero la situación se torna más difícil”, explicó Marco Feoli, viceministro de Justicia.

‘Hay un portillo’. Pese a que en las resoluciones indican que se prohíbe el ingreso de más privados de libertad a esas cárceles, Feoli aseguró que “la contradicción entre los jueces” les permite reubicar ahí a reos provenientes de otras prisiones.

“Hay unos que piensan que si el cierre está ordenado y no se ha levantado oficialmente, este se mantiene. Mientras que hay otros que piensan que si se solucionó el problema que originó el cierre, este se levanta solo”, señaló el viceministro.

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Como no existe una posición unánime al respecto, Feoli expresó que envió una carta a todos los jueces de Ejecución de la Pena para preguntarles si se pueden reabrir esos centros, dado que disminuyó la sobrepoblación.

Empero, confirmó, solo un juzgador le respondió: “Me dijo que no se podía, que teníamos que sentarnos a conversar”.

Agregó: “Esto fue una carta, no una resolución. En el área de Ejecución de la Pena no hay un tribunal de alzada, donde podamos resolver este conflicto, donde se diga qué se puede hacer. Actualmente, todo depende del criterio de cada juez”.

Entonces, basándose en lo anterior, Justicia aseguró que siempre que el hacinamiento se reduzca, la prisión puede seguir recibiendo presos. “Estoy de acuerdo en que se ordene un cierre por el hacinamiento, pero ese cierre se mantiene en el tanto que haya sobrepoblación. Pero si ya no hay, no debería mantenerse”.

Esa contradicción en los criterios, aunada a nuevos fallos de la Sala Constitucional, “nos beneficia para poder tomar este tipo de decisiones”, añadió Feoli, al indicar que otro punto a favor es que los magistrados nunca les han prohibido reubicar reos en centros sin hacinamiento crítico.

“Si tengo gente que se está saliendo por las ventanas en una prisión y tengo otra cárcel sin hacinamiento, no podemos permanecer ajenos a esta situación, por una tema humanitario. Nuestra obligación es trasladar personas de un lugar hacinado a otro que no lo está. Es una cuestión para garantizar los derechos mínimos de las personas”, concluyó.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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