El apoyo de 16 magistrados (de 22) de la Corte Plena mantendrá al fiscal general de la República, Jorge Chavarría, cuatro años más al frente del Ministerio Público.
Esa mayoría consiguió la reelección del funcionario, frente a otros seis jueces, quienes votaron por cambiar de jefe en la Fiscalía.
Aunque la sesión fue pública y asistieron empleados judiciales y medios de comunicación, el voto de cada magistrado fue secreto, por lo que no fue posible conocer de quiénes obtuvo el respaldo.
Mientras se desarrollaba la votación, un pequeño grupo de manifestantes gritaba frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia que Jorge Chavarría no debía continuar, pues alegaron que no ha sido diligente con las pesquisas que involucran a sectores de poder.
Entre ellos estaban los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella y Javier Cambronero, así como Jorge Arguedas, del Frente Amplio.
El nombramiento de Chavarría vencía el 15 de este mes. En mayo, el funcionario, de 61 años, aseguró que no deseaba seguir en el cargo.
Luego de que 278 fiscales y 159 funcionarios pidieran que continuara, Chavarría anunció que aspiraba a mantenerse.
“Cuando los compañeros fiscales y la parte administrativa se manifestaron y dieron a conocer que estaban de acuerdo con el proyecto que tenemos, renové mi compromiso que es transformar al Ministerio Público”, dijo ayer el fiscal, al conocer la decisión de la mayoría de los magistrados.
Sin amigos. Sobre el hecho de que no obtuviera el apoyo de todos los magistrados y las críticas a su gestión, Chavarría dijo que siempre tendrá enemigos.
“Yo no estoy en este puesto para ganarme a nadie, estoy para aplicar la ley y la Constitución y siempre voy a tener enemigos, en unos momentos porque los afectados son intereses económicos, en otros porque es la criminalidad organizada y, en otro, porque son grupos políticos”, expresó.
Chavarría argumentó que se han resuelto casos que involucran a miembros de supremos poderes y de los distintos partidos políticos, ya sea con acusación o desestimación, y que si se han dado atrasos, no se debe exclusivamente al trabajo de la Fiscalía.
“El problema no es el Ministerio Público, el problema es que cuando entran al sistema judicial continúa la dilación, porque los tribunales están señalando juicios a dos años, dos años y medio. Es un problema sistémico y hay que entenderlo así”, agregó.
Específicamente, sobre la pesquisa por aparentes irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza 1856, Chavarría se sacudió y alegó demoras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El fiscal general sostuvo que se requiere de distintas medidas que abarcan lo legislativo (revisión de la etapa intermedia del proceso penal) y establecer mecanismos de rendición de cuentas.