San Carlos
Cinco de los siete sujetos detenidos el domingo anterior como sospechosos de haber agredido a patadas a dos oficiales de la Fuerza Pública en Santa Clara de San Carlos, descontarán prisión preventiva durante los próximos 15 días, mientras son juzgados por el Tribunal de Flagrancia de San Carlos, en Alajuela.
El juez de Flagrancia Michael Monge aceptó la petición del Ministerio Público para que los imputados sean juzgados en esa instancia.
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La resolución fue dictada en una audiencia que se inició a las 9:19 a. m. de este martes en los Tribunales de San Carlos y culminó pasadas las 4 p. m.
La tarde del domingo 25 de junio, una turba atacó a dos policías que quisieron intervenir para controlar una pelea posterior a un partido de fútbol local. Los oficiales Carlos Solano y Milton Jara recibieron patadas y golpes en la cara.
Los detenidos por la agresión responden a los apellidos: Miranda Castro, Masís Escobar, Cartín Flores, Masís Salas, Rodríguez Espinoza, Castro Ortiz y Estrada.
Sin embargo, Cartín Flores y Rodríguez Espinoza fueron puestos en libertad por decisión del juez, a solicitud del fiscal Luis González.
La Fiscalía argumentó que no se logró demostrar que estos dos hombres participaran en los actos de violencia. Entonces, poco antes de las 11 a. m. abandonaron la sala donde se estaba llevando a cabo la audiencia.
No obstante, el representante del órgano acusador del Estado dijo que emprenderán una nueva investigación para que, en definitiva, se aclare si tuvieron participación directa o indirecta.
A los imputados los van a juzgar por los delitos de robo agravado, resistencia agravada y lesiones. La sala número uno de los Tribunales de San Carlos, donde se llevó a cabo la audiencia, tuvo entre sus asistentes a familiares, curiorosos y agentes policiales.
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Según la acusación de la Fiscalía, Miranda habría aprovechado el estado de indefensión de uno de los oficiales para sustraerle el arma de reglamento. Esta fue recuperada posteriormente en los alrededores de la vivienda del sospechoso.
A solicitud de los abogados defensores, el juez Monge ordenó quitarles las esposas a los sospechosos para que se sintieran más cómodos, pero con el compromiso de tener una buena conducta, porque de lo contrario los volverían a esposar.