La Sala IV condenó al Estado, luego de comprobar que oficiales del centro penitenciario La Reforma le practicaron una requisa anal a un reo sin su consentimiento, el 17 de julio anterior.
La sanción obliga al Estado a pagarle una indemnización al recluso Roberto Maya Rosales, por el “trato cruel y degradante” que sufrió durante la inspección.
Maya, quien se encuentra recluido en el ámbito de Máxima Seguridad, alegó que los custodios lo sacaron de su celda, cuando un inspector dijo que tenía algo (droga) en el recto, y fue trasladado a un recinto especial, donde le hicieron la inspección anal sin su permiso.
“Yo le hago ver al supervisor que me está tocando de una forma que no es normal, que es ilógica y es prohibida”, comentó Maya, quien sostiene que los agentes no hallaron nada en la requisa.
Roberto Maya descuenta 56 años de cárcel por el secuestro y asesinato del empresario Roberto José Sittenfeld Appel, ocurrido el 24 de diciembre del 2002.
El voto de la Sala Constitucional declara con lugar el recurso y sostiene que “el examen debió practicarse por el médico del Centro, en las condiciones debidas para garantizar su integridad, salud y dignidad personales”.
“La prueba se realizó en medio de varios oficiales, lo que constituye, a todas luces, no solo un acto contra el pudor de la persona, sino un trato cruel inhumano y degradante, contrario a la normativa internacional”, concluyó la Sala.
Además, los magistrados previnieron al director del Ámbito y al jefe de Seguridad que no repitieran esas conductas en el futuro.
Rodolfo Ledezma, director de La Reforma, aseguró, ante una consulta de este diario, que los custodios no hacen inspecciones anales.
“Ante una sospecha se coordina con la Fiscalía o con Medicatura Forense y se lleva a un hospital para hacerle rayos X o una revisión”, explicó Ledezma.
Las autoridades declararon ante la Sala que la requisa siguió “el procedimiento normal”.
Argumentaron que el reo “se resistió” al cacheo corporal. Tras su negativa, lo trasladaron a un locutorio, donde le realizaron la revisión regular.
Una cicatriz. Tras recibir el recurso el 19 de julio, la Sala IV l ordenó una revisión del preso en Medicatura Forense. El dictamen médico concluyó que el preso tenía “una cicatriz rosada en la región anal”.
Esta marca podría haber sido causada por un cuerpo introducido por el recto, pero también podría explicarse por otros factores como diarrea o padecimientos musculares, señaló el dictamen.
Maya también interpuso una denuncia penal en la Fiscalía de Alajuela.
Amenazas. Maya afirma que, luego de su denuncia, algunos custodios lo amenazaron con envenenarle su comida o que le podría pasar “lo que le pasó a Johel Araya”, quien apareció muerto en su celda en 2011.
En varias misivas ha advertido de las amenazas al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, a las autoridades del centro penal y al subdirector de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos. Incluso, otros dos reos firmaron como testigos en la denuncia por la amenaza de ser envenenado .
Los presos del ámbito de Máxima Seguridad presentaron un incidente de queja ante el mismo Juzgado de Ejecución de la Pena el 31 de julio. Solicitan que investiguen a fondo los abusos policiales que ocurren en este ámbito carcelario “antes de que la población busque otras vías”.