Sucesos

Reforma legal trasladó carga a Tribunales de Apelación desde el 2012

Sala III redujo sus fallos en un 62% pero mantiene personal

Actualizado el 16 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Un magistrado pasó de emitir 18 votos de fondo por mes a siete entre 2011 y 2013

Tribunales de Apelación sacaron el año pasado 3.051 casos con 35 jueces

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Sala III redujo sus fallos en un 62% pero mantiene personal

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La Sala Tercera redujo la producción de sentencias de fondo en un 62%, al pasar de 1.091 en el 2011 a 418 en el 2013, pese a que los cinco magistrados propietarios mantienen, cada uno, dos letrados que los asisten en el estudio de casos y redacción de resoluciones.

Esa instancia emitió un promedio de 91 recursos de casación y revisión por mes en el 2011, pero en el 2013 bajó a 35, luego de la reforma legal que creó los Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, en diciembre del 2011.

Es decir, si antes de la entrada en vigencia del sistema de apelación cada magistrado redactaba 18 votos por mes, en el 2013 cada uno produjo siete, a pesar de que los asuntos nuevos que ingresaban siempre se mantuvieron en un promedio de 1.500 por año.

Como todas las sentencias y sobreseimientos dictados en un juicio son susceptibles de ser apelados ante los tribunales de alzada, la carga de trabajo que antes entraba directamente a la Sala Tercera fue trasladada a estos nuevos despachos, que funcionan como filtros antes de casación.

Apelación. Actualmente, son cuatro los Tribunales de Apelación: Goicoechea, Cartago, San Ramón y Santa Cruz, los cuales se reparten la jurisdicción de todo el país. En ellos laboran 35 jueces en total.

Esos tribunales aumentaron sus fallos de fondo un 76% en un año, al pasar de 1.738 resoluciones en el 2012, cuando recién comenzaron, a 3.051 en el 2013.

Solo en Goicoechea, donde hay 15 jueces, se emitió el 80% de las sentencias en el 2013; es decir, 2.461 fallos (205 por mes).

Allí, por ejemplo, cada juez redactó 14 resoluciones mensuales y tardó cuatro meses, en promedio, en estudiar cada caso.

En San Ramón, donde apenas se resuelve la cuarta parte de lo que produce el Tribunal de Apelación de Goicoechea, tienen nueve jueces y cada uno dictó seis sentencias mensuales para un caso resuelto en dos meses.

No obstante, un magistrado de la Sala Tercera, que apenas sacó tres sentencias de fondo por mes en el 2013, tardó 17,5 meses en resolver un expediente.

En cuanto a los recursos de revisión, los magistrados duran 24 meses en estudiar cada caso y fallaron uno por mes en este mismo año.

A pesar de que, en reiteradas ocasiones, La Nación intentó obtener una versión del presidente de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, para que respondiera sobre la gestión del despacho y el impacto de la reforma a las apelaciones, no contestó el teléfono ni los correos.

Rechazos. Si bien la reforma redujo el circulante, la Sala creó nuevas plazas y contrató un equipo de 12 letrados adicionales, a cargo de la presidencia, que analizan si los recursos cumplen o no con los parámetros para ser estudiados.

Para resolver, el análisis de cada caso le toma a estos letrados 11 meses, en promedio. Mientras en el 2011, la Sala rechazó 98 recursos, que representaron el 7% de las gestiones, en el 2013 se elevaron a un 63% (1.025 casos).

Es decir, hubo un aumento del 945% en los rechazos por no cumplir con los parámetros que establece la ley.

José Joaquín Ureña, abogado litigante, señaló que la Sala Tercera está facultada para conocer cualquier violación a una norma procesal o sustantiva, pero está rechazando recursos con base en el artículo 471 del Código Procesal Penal, que prohíbe admitir reclamos cuando se pretenda modificar hechos probados.

“Esto trae una denegación de justicia. La reforma lo único que ha hecho es concentrar el poder en la Sala III y no beneficia a los ciudadanos que quieren acceder a ese servicio público. A como está funcionando, es mejor eliminarla”, sostuvo.

Por su parte, Rosaura Chinchilla, jueza de apelación del Tribunal de Goicoechea, puntualizó: “No es aceptable, ni económica ni políticamente, que un país en vías de desarrollo mantenga una estructura estatal tan cara, dedicada, en su mayor parte, a rechazar las peticiones de los usuarios a los que debía servir y donde sea altamente discutible la incidencia nacional que puedan tener los escasos pronunciamientos de fondo que emite”.

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