El Poder Judicial creará una unidad para investigar los antecedentes y la vida y costumbres de quienes aspiren a ser jueces, para evitar la penetración del narcotráfico en esta institución.
Esa propuesta fue aprobada ayer por la Corte Plena como parte de las recomendaciones de la Comisión de investigación para la penetración contra el crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial, creada en mayo luego de que la jueza de Limón Rosa Elena Gamboa fue involucrada por la Fiscalía con el cobro de ¢20 millones para liberar a un narco.
El estudio de antecedentes sería similar al modelo que aplica el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para contratar investigadores.
De esa manera, la Sección de Reclutamiento y Selección del Departamento de Gestión Humana tendrá una unidad de investigación social y antecedentes de oferentes para custodiar información relacionada con estas personas, que incluyen registros penales, informes de visitas a comunidades, relaciones familiares, si han tenido causas disciplinarias, entre otros aspectos. El modelo también se aplicará a defensores y fiscales.
Por otro lado, se aprobaron acciones inmediatas en el Tribunal de Juicio de Limón, como el nombramiento de jueces en propiedad, en vez de interinos, en los puestos vacantes y rotar al personal auxiliar. Además, impulsar los procesos disciplinarios contra la jueza Gamboa.
Los magistrados también aprobaron gestionar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear una jurisdicción nacional, especializada en crimen organizado, en San José, que tenga a su cargo el Centro de Intervenciones Telefónicas.
Finalmente, aceptaron que se plantee una reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, en virtud del alto nivel de casos prescritos en este despacho.