EscucharEl Poder Judicial invitó a una bióloga, experta en insectos acuáticos, a que participara en una contratación para hacer un estudio actuarial al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la entidad.
Ante eso, Monika Christine Springer respondió que, probablemente, había una “confusión” pues esa no era su área, según confirmó ella a La Nación .
La invitación se menciona en un documento entregado el 5 de agosto por los gremios de empleados del Poder Judicial a la presidenta de la institución, Zarela Villanueva, y del cual este medio tiene copia.
Los empleados pidieron que se declare nulo o se considere rescindir el contrato mediante el cual, el 18 de marzo pasado, se adjudicó el estudio a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli & Asociados S. A., por ¢10 millones.
Esa compañía ya había efectuado un informe sobre el Fondo de Pensiones, en el 2012, el cual determinó que existía un déficit actuarial de ¢4 billones y que la reserva alcanzará hasta el 2026.
Para hacer el nuevo estudio, también se invitó a una ingeniera en Seguridad Laboral de apellidos Marín Murillo; a tres firmas de auditoría (KPMG, PricewaterhouseCoopers), Deloitte & Touche y Valuaciones Actuariales.
La oficina de prensa del Poder Judicial informó de que, ante cuestionamientos de los gremios, la presidencia de la Corte ordenó a la Auditoría que analice el procedimiento de contratación.
Según esa dependencia, la solicitud de nulidad del contrato fue firmada por 12 organizaciones. Entre las que la suscriben están: Sindicato de la Judicatura (Sindijud), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/BKLG656365HWPP7XP7YWKQK6PM.jpg)
El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial tiene 11.495 afiliados, de acuerdo con el estudio actuarial realizado por la firma Melinsky, Pellegrinelli & Asociados en el 2012. En marzo pasado, se contrató nuevamente a esa empresa para que haga otro análisis. | ARCHIVO (Luis Navarro)
Señalamientos. Los gremios detallaron que, para la adjudicación, se realizaron dos procesos de contratación directa.
En el primero, bajo el expediente 2014CD-00077-PROVCD, se invitó a cinco proveedores, incluida la bióloga. No se encontraba Melinsky, Pellegrinelli & Asociados.
Según el informe de los empleados, ese concurso se declaró desierto con el argumento de que dos firmas no estaban interesadas y que las demás no fueron localizadas.
“(...) obviando que uno de los supuestos proveedores era una bióloga que advirtió no ser apta para prestar este servicio, también llama la atención que no se pudiera ubicar una empresa tan conocida como Deloitte & Touche”, señala el texto de los gremios.
Según los gremios, se realizó un nuevo concurso (expediente 2014CD-000086-PROVCD) mediante el que se invitó a algunos de los mismos proveedores, como la bióloga, y se incluyó a Melinsky, Pellegrinelli & Asociados.
El documento agrega que en correos electrónicos se evidencia que hubo “gran preocupación de la administración por localizar al señor Eduardo Melinsky (representante de la empresa) para que ofertara como proveedor (...), en todo el expediente no se evidencia ni siquiera un intento adicional por contactar a los otros posibles proveedores”.
Proceso. La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, confirmó, a través de un correo electrónico, que se hicieron dos procesos de contratación directa, e indicó que “la invitación se subió a la página web del Departamento de Proveeduría para que estuviera al alcance de cualquier proveedor interesado”.
La funcionaria añadió: “Se generó el rol de proveedores del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)”.
Además, confirmó el nombre de las empresas invitadas y agregó que, en el primer proceso, no hubo ofertas.
En el segundo concurso “ingresó solo la oferta de Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.”, señaló.
Romero comunicó que se contrató a esa firma porque fue la única oferta, “adicionalmente de cumplir técnicamente, según el criterio dado por el Departamento Financiero Contable con el aval de la Dirección Ejecutiva”.
Se pidió hablar con Romero para ahondar en la forma como funciona SIGA y el proceso que se realizó, pero indicó que no se referiría más al asunto porque este se encuentra en la Auditoría Interna.
Por su parte, la bióloga Springer dijo que ha brindado servicios en su área al Poder Judicial.
“Tengo que estar inscrita en los proveedores. Sí me llegó un correo para que participara y decliné porque no es mi área”, dijo.
También se le preguntó a Eduardo Melinsky sobre los alegatos de los gremios, que apuntan hacia una aparente preferencia de la administración hacia la firma.
“Desconozco los fundamentos de tal afirmación. No he participado de dicho proceso de contratación más allá de presentar la oferta ante la invitación que se me hizo a presentarla, atendiendo el contenido del cartel que se me envió nuevo”, dijo vía correo electrónico.
