Sucesos

Contraloría llama la atención a la Corte por retraso en herramienta tecnológica

Plataforma policial solo se ha completado un 46% en seis años

Actualizado el 18 de octubre de 2016 a las 12:00 am

Falta de recursos e instituciones reacias impiden avance, según OIJ

Corte deberá diseñar una estrategia antes finalizar el año

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Plataforma policial solo se ha completado un 46% en seis años

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La Plataforma de Información Policial (PIP), una tarea que se le encomendó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en julio del 2009, cuando entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada, solo se ha completado en un 46% desde que fue creada.

Por ese motivo, la Contraloría General de la República hizo un llamado de atención al Poder Judicial por el lento avance y le ordenó diseñar una estrategia para la consolidación de la PIP, la cual debe estar lista antes del 16 de diciembre de este año.

El informe del ente contralor fue analizado por la Corte Plena, en la sesión del 8 de agosto anterior. En el estudio se concluyó que la plataforma no ha logrado consolidarse como una herramienta tecnológica para el uso y aprovechamiento por parte de todos los cuerpos policiales en la lucha contra la delincuencia.

“Los esfuerzos realizados por el Poder Judicial, por medio del OIJ, no han surtido los efectos esperados para lograr el acceso a todas las bases de datos necesarias para desarrollar la inteligencia policial desde la PIP, a pesar que la ley la faculta para acceder a estos repositorios de información.

”En cuanto a los recursos destinados para el desarrollo de la PIP, estos provienen del presupuesto del Poder Judicial y no de las fuentes de financiamiento definidas en la Ley N.° 8754”, indicó la CGR en su informe.

Sobre ese punto, Randall Zúñiga, subjefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, manifestó que nunca han recibido un solo colón por la fuente de financiamiento establecida en la ley, la cual tiene que ver con decomisos al crimen organizado.

“La ley dice que debe salir de lo que le decomisamos al crimen organizado, pero cuando se habla de crimen organizado se habla principalmente de narcotráfico, pero hay otra ley que dice que todo ese dinero va para Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entonces, hay un conflicto de leyes y a la plataforma no le llega nada, ni un solo colón.

”Todos los servidores, enlaces, personal y todo eso ha sido Poder Judicial. Estamos hablando de mucho dinero, mucha inversión y todo eso está saliendo de OIJ”, manifestó Zúñiga.

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No es la primera vez que la Contraloría hace un llamado de atención por el retraso en la plataforma. En el 2013 señaló que el proyecto no ha sido prioridad en el Poder Judicial.

Resistencia de entidades. El funcionario detalló que otro factor que ha influido en el poco avance en la plataforma es la resistencia de algunas instituciones a dar información.

“Por ejemplo, en la actualidad todavía no hemos podido tener la información de la Caja Costarricense del Seguro Social, Riteve y algunas operadoras de seguros (…). Hemos hecho gestiones para que nos den la información, pero a veces no han contestado, o la quieren dar de otra forma que no es compatible con el sistema, ahí es donde vemos resistencia”, aseveró Zúñiga.

Sobre ese punto, Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de la República, dijo que incluso se analizó abrir una causa contra las instituciones que no colaboran con la Policía Judicial.

“Al director anterior del OIJ (Francisco Segura) le dije que me pasara el informe y los acusábamos por incumplimiento de deberes, pero eso ha ido mejorando y ya el tema no es tanto de resistencia, sino de conectividad”, comentó el fiscal.

Por su parte, Zúñiga considera que no se puede imponer algún tipo de sanción a las entidades que no colaboran, pues la ley no lo establece.

Importancia de la plataforma. Uno de los propósitos de la plataforma es simplificar el proceso de investigación que realizan los cuerpos policiales.

En teoría, dicha herramienta permitiría a la Policía Judicial tener acceso inmediato a la información que poseen entidades estatales, instituciones autónomas y las municipalidades sobre los ciudadanos del país.

Por ejemplo, actualmente no tienen que desplazarse a instituciones como Migración, el Registro Civil, Registro Nacional, INS, entre otras, porque ya la plataforma está enlazada con las bases de esas instituciones.

Según un estudio que realizó el OIJ, unos $200 millones genera de ahorro por año la PIP, al no tener que incurrir en gastos de traslados, salarios, entre otros.

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Gustavo Fallas M.

gustavo.fallas@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la Sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Periodismo Social en la Universidad Internacional de las Américas.

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