Un proyecto de ley pretende que las ofensas contra el honor (injurias, calumnias o difamación) dejen de ser delitos.
La propuesta fue presentada ante el Congreso en abril anterior, por los diputados de la fracción del Frente Amplio.
El texto del plan, bajo el expediente 19.930, establece que esas faltas sean eliminadas del Código Penal y solo se puedan tramitar en la vía civil.
Actualmente, este tipo de delitos son sancionados con entre 10 y hasta 150 días de multa, dependiendo del tipo de manifestación. La pena es fijada por un juez.
Si la reforma de ley se llega a aprobar, ya no habría días multa, sino que la persona que ofenda el honor de un tercero deberá reparar el daño a través de una indemnización económica o por medio de una publicación en un medio de comunicación en la que haría una aclaración y ofrecería una disculpa.
Los juicios civiles pertenecen al ámbito del derecho privado y son utilizados en casos como disputa de los bienes de un difunto, pleitos entre vecinos por las dimensiones de sus propiedades, cobro por daños causados por un choque vehicular y otros.
Una reforma de ley aprobada en noviembre del 2015 establece que ese tipo de procesos pueden durar un máximo de dos años.
Proteger la protesta. De acuerdo con el jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya, el principal objetivo del proyecto es que no se pueda “criminalizar la protesta social”, porque, en su criterio, este tipo de delitos son “utilizados como un arma para desincentivar esas luchas”.
Araya dijo que esa situación la vivió él mismo cuando la empresa Industrias Infinito lo demandó por difamación, debido a unas declaraciones que emitió contra el fallido proyecto de minería a cielo abierto en Cutris de San Carlos.
En el texto del plan se argumenta: “El efecto negativo más grave y preocupante del status quo sobre delitos contra el honor es la creciente tendencia a la criminalización de ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos fundamentales de participación y denuncia. Cada vez son más los casos de activistas sociales y dirigentes comunales que son acusados penalmente por denunciar actos de corrupción”.
Los proponentes también apuntaron que el cambio permitiría que no se sature la jurisdicción penal y que no se vean intimidados periodistas por alguna publicación.
Entre el 2010 y el 2014, se han presentado, en promedio, 400 denuncias al año por estos delitos. En el 2014, hubo 36 condenas y un año antes, 84.
Reacciones. El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, ve con recelo la iniciativa. “Despenalizar y dejar solo una responsabilidad civil parece peligroso. Yo no creo que las luchas sociales se hagan calumniando a la gente, ni creo que se hagan bloqueando las calles. Esto se me parece mucho al proyecto para despenalizar las protestas callejeras”, dijo el socialcristiano.
Mas algunos abogados ven la iniciativa con buenos ojos.Tal es el caso del jurista Rafael Rodríguez, quien destacó que en este tipo de casos lo que se busca es un resarcimiento al ofendido.
Una posición similar tiene el abogado José Miguel Villalobos, quien dijo: “Estoy de acuerdo en descriminalizar los delitos contra el honor, siempre he creído que eso es un tema de responsabilidad civil”.