La orden de captura emitida el 13 de enero del 2011 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un hombre que había cumplido dos condenas por asalto, le costó al Estado ¢2 millones.
Así lo estableció el pasado 28 de febrero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda de Goicoechea, al resolver una demanda que presentó el afectado en este caso: José Giovanny Phillips Bolaños.
El abogado del demandante, Carlos Rodríguez Morales, dijo que este hecho establece un precedente de castigo al Estado por un error que se ha venido dado con mucha frecuencia.
Marisel Rodríguez, vocera de prensa del OIJ, admitió la equivocación, y argumentó que todo se debió a un problema de comunicación interna.
“Cuando se ordenó la publicación (el 13 de enero del 2011) teníamos la orden de captura vigente y no es hasta el 18 de enero que nos llega la solicitud del Juzgado de Ejecución de la Pena de levantar la orden de captura, pero ya la publicación la habían realizado todos los medios de comunicación”, dijo.
Antecedente. La oficina de prensa del OIJ envió el 13 de enero del 2011 el boletín con los nombres y fotografías de 16 hombres y mujeres quienes habían sido condenados, pero por diversas razones se encontraban en fuga. La Policía pidió ayuda para localizar a los que en aquel momento se consideró como “los prófugos más buscados”.
Entre ellos estaba José Giovanny Phillips Bolaños, a quien se identificó como un sentenciado por el delito de robo agravado y de nacionalidad costarricense.
Phillips había sido condenado el 3 de abril del 2000 y el 21 de agosto del 2003 por dos asaltos diferentes. En cada ocasión le impusieron cinco años de cárcel, para una pena total de 10 años.
Los periódicos Al Día y La Extra , así como Extranoticias de canal 42 y Las Noticias de canal 11 difundieron las imágenes de las personas buscadas.
Luego de ver la publicación, Phillips se presentó ante el OIJ para conocer las razones por las cuales se había girado la orden de captura. Empero, la Policía Judicial le pidió un documento en que constara que no tenía una condena pendiente, según alegó el afectado en la denuncia interpuesta ante el Juzgado Contencioso-Administrativo.
El hombre agregó que, aunque lo dejaron libre (por ser fin de semana), le pidieron comprobar con documentos que no tenía nada pendiente con la justicia. El lunes 17 de enero del 2011, el Juzgado de Ejecución de la Pena emitió una constancia de que había cumplido la sentencia el 30 de diciembre de 2010, por lo que pedía dejar sin efecto la orden de captura y el impedimento de salida del país.
La jueza Amy Miranda Alvarado, del Juzgado Contencioso- Administrativo, tras analizar las pruebas, dijo que era evidente que existió una falta de coordinación, “la cual dio origen a la publicación errónea de la información de la oficina de prensa del OIJ”.
Miranda agregó : “Phillips Bolaños por un período de cuatro días se mantuvo en la lista de los más buscados (...) ha tenido una afectación en su fuero interno como humillación y desprecio (...) por el evidente y reconocido error del Poder Judicial”.
Phillips demandó el pagó de ¢50 millones, pero la jueza Mirando solo le concedió ¢2 millones pues alegó que no demostró que perdiera el trabajo ni presentó constancias del salario mensual que devengaba.