Sucesos

Poder Judicial pagará ¢500.000 por perjuicio

OIJ dañó casa de jubilado durante un fallido allanamiento

Actualizado el 09 de julio de 2013 a las 12:00 am

Agentes buscaban a un hombre quien, según residente, nunca vivió ahí

Anciano también alegó daño moral, pero Dirección estimó que no hay prueba

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OIJ dañó casa de jubilado durante un fallido allanamiento

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Los daños ocasionados a la vivienda de un pensionado durante un allanamiento fallido que realizó el OIJ le costarán al Poder Judicial ¢542.600.

Los allanamientos que realiza el OIJ tienen como objetivo buscar pruebas o a posibles responsables de delitos. Los operativos se llevan a cabo con la guía de un juez y un fiscal.  | FOTO CON FINES ILUSTRATIVOS.
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Los allanamientos que realiza el OIJ tienen como objetivo buscar pruebas o a posibles responsables de delitos. Los operativos se llevan a cabo con la guía de un juez y un fiscal. | FOTO CON FINES ILUSTRATIVOS.

El operativo se llevó a cabo el lunes 2 de julio del 2012, en una casa de dos plantas ubicada en la ciudadela Chapultepec, en Curridabat, San José, en la que reside Guillermo Arronis Gamboa, jubilado, de 70 años de edad. Él vive allí con su familia.

De acuerdo con la queja que presentó Arronis ante la Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los agentes “ingresaron de forma violenta y despedazaron el portón principal de la vivienda, que es peatonal, luego destrozaron la puerta principal y dañaron el marco junto con el llavín”.

Según Arronis, la jueza que dirigía la diligencia le comunicó que el objetivo era localizar a un hombre de apellido Vargas, quien es el padre de una nieta del pensionado.

“Indica el señor Arronis que el señor Vargas nunca ha vivido en su casa y así lo hizo ver a las autoridades encargadas del allanamiento”, se detalló en la denuncia planteada por el afectado.

El 12 de junio de este año, tras haber solicitado un estudio a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, en el que se incorporó un informe de los hechos proporcionado por la Fiscalía y por el Juzgado Penal de La Unión, el Consejo Superior acordó pagar ¢542.600 por los daños ocasionados al inmueble.

La entidad determinó que no se brindaron elementos para comprobar el daño moral que también alegó Arronis.

Visita previa. En el informe enviado a las autoridades del Poder Judicial por la fiscala auxiliar de La Unión, Evelyn Díaz Araya, el 23 de agosto del 2012, se dijo que días antes del allanamiento dos investigadores visitaron la casa, y ahí conversaron con el hombre de apellido Vargas, así como con su esposa, de apellido Arronis. La fiscala señaló que las dos personas confirmaron que residían en ese lugar.

Por su parte, Jazmín Castillo Cubero, jueza penal de La Unión, informó a la Dirección Ejecutiva de que el operativo se realizó con base en el informe policial.

Castillo detalló que, según la descripción del juez que ejecutó el allanamiento, la operación comenzó a las 6:05 a. m. y concluyó 35 minutos después.

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“Se procedió a la revisión de cada aposento, baño, cuarto, galera, cocina, cuarto de pilas, con resultado negativo (...) el mismo (Vargas) no se encontraba y no se ubicó evidencia de interés”, de acuerdo con lo informado.

La jueza señaló en su respuesta que había elementos suficientes para creer que esa era la casa del requerido, “por lo que no puede considerar que hubo una aparente equivocación”.

Agresión. Este lunes, vía telefónica, Arronis manifestó que el día del operativo los agentes lo tiraron al suelo y una nieta suya estuvo muy asustada.

El anciano dijo que, por el momento, no daría más detalles de lo sucedido pues espera finalizar el arreglo con el Poder Judicial.

Por su parte, el director del OIJ, Francisco Segura, señaló: “El año pasado hicimos 1.669 allanamientos en todo el país, entonces, no creo que no nos hayamos equivocado”.

El jerarca agregó que en esos casos se abren procesos administrativos. “Yo he tramitado varias causas por errores en los allanamientos, pero son las menos”, dijo.

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