EscucharDoce de los 22 magistrados (incluidos la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, y el vicepresidente, José Manuel Arroyo), tienen aprobada la jubilación, pero siguen aferrados a sus puestos.
Ellos aparecen en una lista de 68 funcionarios judiciales quienes, pese a que solicitaron el derecho a la pensión porque cumplen los requisitos, no se retiraron.
Sobresale el magistrado de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, quien adquirió el derecho hace 24 años. Actualmente, tiene 70 años de edad y 50 de trabajar.
Similar trayectoria tiene el juez de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, quien lleva 51 años en el Poder Judicial. Él solicitó el último cálculo de su jubilación en el 2012.
En el caso de Villanueva y Arroyo, las pensiones se calcularon por última vez en mayo del 2004 y junio del 2007, respectivamente.
En el listado que facilitó la oficina de prensa del Poder Judicial, también están de la Sala Primera: Carmen María Escoto, Román Solís y Luis Guillermo Rivas.
De la Sala Segunda: Rolando Vega, Eva Camacho y Julia Varela. Y de la Sala Constitucional: Fernando Cruz y Gílbert Armijo.
La Nación solicitó los montos con que fue aprobada cada jubilación, pero no fueron entregados.
En una revisión a actas del Consejo Superior, se halló que la jubilación de Ramírez en el 2012, fue avalada por ¢7,7 millones mensuales.
Las cifras se actualizan de acuerdo con el tiempo laborado.
Otros jerarcas. En la lista figuran el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura; la jefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, y el fiscal subrogante, Carlos María Jiménez.
Estas jubilaciones se aprobaron entre el 2011 y el 2013.
Jiménez anunció que se retirará el 1.° de enero, una vez que finalice su compromiso de colaborar con el fiscal general, Jorge Chavarría.
Segura explicó que no se ha jubilado debido a que asumió la responsabilidad de dirigir la Policía, pero que ya está considerando irse, aunque no definió una fecha.
El jefe policial se retirará con el 98% de su salario, el cual es de ¢6 millones. Dijo que, debido a varios rebajos aplicados, recibe la mitad.
Por su parte, Muñoz resaltó que apenas en mayo del año pasado cumplió el tiempo exigido para jubilarse y que, por responsabilidad y compromiso con su labor, cree que debe continuar algunos proyectos.
Mencionó, como ejemplos, la aprobación del uso de brazaletes electrónicos para los delincuentes y el combate al hacinamiento en las prisiones.
¿Por qué siguen? Varios magistrados consultados se refirieron a la vocación, al compromiso con la entidad, a los proyectos que dirigen y a la necesidad de que haya funcionarios de experiencia, como las razones de que continúen trabajando.
Por ejemplo, Rolando Vega había optado por de retirarse en diciembre próximo, pero indicó que postergó su salida para encaminar dos proyectos de ley que presentó ante la Corte y que, afirma, no avanzan porque el gobierno judicial no ha sido eficiente.
“Uno se llama Ley del Sistema integral de la Evaluación de la Gestión, el Desempeño y la Rendición de Cuentas. Si la Corte lo discute y aprueba, va a la Asamblea Legislativa”, explicó.
El otro plan se llama Ley del Sistema Nacional de Calidad y Acreditación para la Justicia, que blinda legalmente el órgano que hace esa función hace dos años.
Él dijo que, probablemente, trabajará hasta junio del 2015.
Añadió que en todas las organizaciones son necesarios los relevos de generaciones, pero que deben ser paulatinas para que no haya una salida masiva de experiencia.
Los jueces superiores que hablaron con este medio, aseguraron que los cuestionamientos al Fondo de Pensiones y Jubilaciones no pesan en su decisión de si se retiran o no.
Un estudio indicó, en el 2012, que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.
Los funcionarios rechazaron que se mantengan en sus puestos por privilegios o poder.
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