Sucesos

Viceministro Marco Feoli interpuso queja el lunes ante el TSE por beligerancia política

Justicia denuncia a dos funcionarios por asistir a actividad política en horas laborales

Actualizado el 20 de julio de 2017 a las 06:50 pm

Los empleados habrían ido a un taller, de 2 p.m. a 5 p. m., 'enmarcado' en la campaña del candidato liberacionista Ántonio Álvarez

Uno de los trabajadores dijo que no referirá al asunto, pues no ha sido notificado. Cartera abrió investigación administrativa

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Dos funcionarios del Ministerio de Justicia fueron denunciados por "abandonar sus funciones" para participar en una actividad política, el pasado 13 de julio.

La gestión  la interpuso el viceministro Marco Feoli, la tarde del lunes 17 de julio, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que se investigue si los trabajadores cometieron parcialidad y beligerancia política. Él se basó en una publicación hecha el viernes en el Semanario Universidad.

El Ministerio de Justicia abrió una investigación a lo interno para sentar eventuales responsabilidades. (Graciela Solís)

Se trata del subdirector del Instituto Nacional de Criminología (INC), Alexis Sánchez Vega, y del coordinador nacional de las Unidades de Atención Institucional (UAI), Jorge Barrantes Jiménez.

Según la denuncia, de la cual La Nación tiene copia, Feoli señaló que Sánchez (quien en ese momento era el director interino del INC) y Barrantes abandonaron sus funciones en el  Ministerio de Justicia para "participar en una actividad de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN)".

En la denuncia se lee que dicha actividad, llamada Taller de Seguridad Ciudadana, se realizó ese jueves, desde las 2 p. m. hasta las 5 p. m., en el hotel Aurola Holiday Inn, en el centro de San José.

"Esto fue enmarcado como una actividad de campaña del candidato presidencial de dicho partido, Antonio Álvarez Desanti", agregó el viceministro.

Feoli reprocha que según certificación del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, ninguno de los dos funcionarios contaba con un permiso o eximente para ausentarse del trabajo.

Entonces, basándose en esos hechos, el viceministro aseguró en la denuncia que ambos funcionarios infringieron la prohibición prevista en el artículo 146 del Código Electoral. Esa norma indica: "Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político".

Feoli aseguró en el texto presentado: "Debido a que se encontraban en horas laborales y, a pesar del conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, decidieron asistir a una actividad claramente definida por sus organizadores como partidaria".

En paralelo a esta denuncia interpuesta en el TSE, el jerarca de Justicia confirmó que abrieron una investigación a nivel administrativo.

Se intentó obtener una versión de Barrantes, pero al ser consultado por este medio, aseguró que aún no había sido notificado del proceso y que prefería dar declaraciones cuando conociera del caso.

También se localizó a Sánchez y, cuando respondió, pidió que se le llamara en la tarde. Se hizo, pero luego no respondió.

El proceso.

De momento, la denuncia está en la Sección Especializada del TSE, la cual suele conocer, en primera instancia, este tipo de reclamos. Está integrada por tres magistrados, quienes deben determinar si la gestión  cumple con los elementos necesarios para ser admisible, según detalló Andrey Cambronero, letrado del TSE.

"Lo que se debe  determinar es si los hechos que presuntamente ocurrieron encuadran en un ilícito", explicó Cambronero.

En caso de ser admisible, la denuncia sería pasada a Inspección Electoral, el cual realiza las pesquisas preliminares.

"Ese departamento rinde un informe y, con base en eso, los magistrados de la Sección optan por dos caminos: el archivo de las diligencias o, bien, la instauración del procedimiento formal, que implica la recepción de pruebas, audiencias privadas en las que participan los funcionarios, entre otros", comentó Cambronero.

Las sanciones van desde la suspensión por un plazo de dos a cuatro años para ocupar algún cargo público hasta la destitución inmediata del puesto.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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