El juez del Tribunal Penal de Heredia, Norberto Garay, entiende que los funcionarios judiciales tienen derecho a estar en huelga, pero reprocha el impacto que tiene esa manifestación en los ciudadanos.
Garay estaba dispuesto a continuar, el miércoles 26 de julio, un juicio por robo simple en ese Tribunal. Sin embargo, tuvo que suspenderlo por la protesta que hacen los empleados del Poder Judicial, desde el 19 del mismo mes.
"Para el día y hora señalados, para la continuación del debate en la presente causa, en mi calidad de juez de juicio, bajé a la sala de debate respectiva, no haciéndose presente ninguna de las partes procesales ni sustantivas del caso bajo tramitación de este expediente", se lee en una nota sobre la situación que el juzgador incluyó en ese expediente.
Esa situación causó molestia en Garay, quien aseguró que después de días de reflexión, decidió no formar parte de la huelga.
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Él aseguró que en este momento, la huelga pone "en una relación de tensión dos grandes dimensiones: la primera, el acceso a la justicia y la segunda, el derecho a huelga".
En el primer punto, aseguró que la realización de debates es importante porque es un "ideal humano".
"Es uno de los más nobles y sensibles y no solo constituye una situación ideal donde una tercera persona resuelve una controversia suscitada entre las partes procesales, sino que posee una manifestación real que radica en la práctica judicial, la cual día a día muestra que un ideal es posible, es decir, que hay ideales como la Justicia que están al alcance de las personas".
Recordó que el acceso a la justicia no solo es un servicio público, sino que también significa esperanza y tranquilidad para los usuarios.
Entonces, haciendo este breve análisis, el juez aseguró que en su criterio, la Administración de Justicia no debe de interrumpirse, pase lo que pase. Porque "estimo esencial cualquier servicio que brinde el Poder Judicial".
"Desde cuestiones tan cotidianas como dar una hoja de delincuencia que permitirá a alguien acceder a un trabajo y, así, poder llevar sustento a quienes de él o ella dependan, como realizar la continuación de un juicio y definir la custodia en un caso en concreto", agregó el juez.
Al mismo tiempo, Norberto Garay recordó que detrás de cada expediente hay personas que han esperado mucho tiempo por una resolución y no obtenerla "hace más tortuosos sus días".
Desde el miércoles 19 de julio, los empleados judiciales están en huelga porque insisten en que los diputados reformen el régimen de pensiones de la Corte, según el proyecto de ley planteado por ellos mismos y no con base en las recomendaciones hechas por los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Además de cientos de trámites paralizados, esa manifestación que mantienen los 13.000 funcionarios judiciales ha provocado la suspensión de muchos juicios. Pese a que se ha consultado en varias ocasiones cuántos debates se han visto afectados, la oficina de prensa del Poder Judicial dijo que es "imposible" conocer esa cifra.
Ellos alegan que como parte de la huelga, los sistemas no se han alimentado y, por eso, se dificulta saber el número de juicios suspendidos.
De momento, la oficina de prensa de la entidad puntualizó que los despachos que están abiertos son: Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y Sala Constitucional. También están funcionando la Presidencia y la Secretaría de la Corte y toda la jurisdicción contenciosa.
Además, el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Goicoechea y el Tribunal Penal de San José están cumpliendo con algunas de sus labores. Las audiencias que se realizan corresponden a asuntos que tienen que ver con reos presos.
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Caso diferente
Caso contrario a lo ocurrido con ese juicio por robo simple en Heredia, otro debate por homicidio sí se realizó.
Ese se hizo en el Tribunal Penal de Desamparados, donde se juzga a una mujer porque, presuntamente, asesinó a una niña en Jericó de Desamparados.
Según informó el juez del caso, Willy Escalante Quirós, el debate no se suspendió por la huelga porque comenzó antes del movimiento. Y las directrices del Consejo Superior del Poder Judicial indican que, al tratarse de un debate que ya inició, no debe posponerse.
Además, señaló el juzgador, el caso tiene relevancia porque la víctima mortal fue una niña.