José Antonio Quirós entró el 6 de mayo del 2005 a la cárcel de San Sebastián y desde entonces descuenta prisión preventiva.
El Tribunal Penal de San José lo condenó a 50 años de prisión en marzo del 2006 por tener relaciones sexuales con menores y por producción de pornografía.
En un recurso de casación alegó que a sus 43 años de edad, el monto máximo de prisión era una pena perpetua, y que el tribunal había calculado mal la pena.
La Sala Tercera le dio la razón por el cálculo y ordenó un nuevo juicio para fijar otra pena. En diciembre del 2006, los jueces la bajaron a 18 años. Quirós presentó otra casación y el Ministerio Público se opuso a tal reducción.
El 22 de julio del 2009, el Tribunal de Juicio de San José elevó la pena a 27 años. Dos meses después la Fiscalía presentó un recurso de casación por falta de fundamentación de la pena. El 24 de mayo pasado, la Sala Tercera ordenó nuevamente un reenvío.
El director de Adaptación Social, Manrique Sibaja, calificó ese caso como “inusual” y “atípico”.
“Yo estoy en un limbo judicial. No puedo aspirar a ningún beneficio penitenciario como el tercio de la pena, cambiar de cárcel o ir a un centro de confianza. Vivir en una cárcel tan cerrada por 8 años es agobiante, lo enferma a uno psicológicamente”, expresó.
¿Prisión o libertad? Para el penalista Alfonso Navas, la prisión preventiva ocupa un lugar privilegiado frente a otras medidas cautelares no privativas de libertad cuando el orden debería ser, primero, la libertad; luego, la libertad bajo medidas y, por último, la prisión.
Según dijo, es necesario realizar una evaluación seria de la prisión preventiva en el país, tanto en su regulación como ejecución, desde el punto de vista de los Derechos Humanos y del plazo razonable que debe tener un proceso judicial.
“El trasfondo del problema del plazo de la prisión preventiva se correlaciona con el problema del plazo del proceso penal en general, con el derecho a una justicia pronta.
“Las inconsistencias del excesivo plazo de la prisión preventiva en la actualidad son solo un síntoma de una enfermedad de la Administración de Justicia: la mora y retraso judicial”, aseveró.
Manrique Sibaja sostiene que el aumento en los ingresos por prisión preventiva se dispararon a partir del 2008, lo que ha incrementado el hacinamiento.
Incluso, ha provocado que jueces de ejecución de la pena, que velan por la población sentenciada, decreten cierres técnicos en prisiones que también incluyen a los indiciados.
Por otro lado, Sibaja explicó que la larga estancia de una persona en prisión preventiva sin saber cuál será su pena, los deprime, los pone muy ansiosos e incluso agresivos.
Así lo comparte José Antonio Quirós, quien dice: “Yo no tengo metas. ¿Cómo puedo yo proyectarme aquí? Estar en una situación así amputa mis aspiraciones a libertad, mi motivación para tratar de mejorar todo el tiempo y le quita a uno el deseo de seguir adelante”.