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En mayo de este año, agentes del OIJ allanaron cuatro casas en las que funcionaban prostíbulos que explotaban a mujeres. En una de esas viviendas fue sorprendido el funcionario. | FRANCISCO BARRANTES / ARCHIVO.
Un funcionario de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia fue despedido por haber visitado un prostíbulo ubicado en Alajuela utilizando un vehículo oficial.
Se trata de Jesús Ramírez Campos, de 45 años, quien cometió una falta “gravísima”, según resolvió el pasado 14 de octubre el Tribunal de la Inspección Judicial.
El inspector, quien es hijo del magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez, fue observado en el sitio por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que hacían un operativo por un caso de explotación sexual.
Mientras realizaban la vigilancia previa al allanamiento, los oficiales vieron llegar al funcionario en un auto del Poder Judicial. Ramírez entró al local, estuvo por una media hora y se fue.
Luego de que se retiró, la Policía Judicial hizo el registro del inmueble, donde detuvo a tres personas –un hombre y dos mujeres– como sospechosos de obligar a jóvenes a prostituirse bajo presuntas amenazas.
Luego, el propio OIJ remitió el caso de Ramírez a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, oficina que investiga si un funcionario cometió el delito de peculado de uso.
Esta falta, según el Código Penal, se castiga con penas que van desde los tres meses hasta los dos años de prisión.
Segunda falta. No es la primera vez que Jesús Ramírez Campos comete una falta considerada como gravísima.
En el 2011, el Tribunal de Inspección Judicial también había resuelto que se debía revocar su nombramiento por alterar datos de giras con el fin de cobrar viáticos y faltar al trabajo.
Sin embargo, cuando el expediente llegó al Consejo Superior, este ente decidió modificar la sanción a 30 días de suspensión, sin goce de salario.
En ese entonces, los miembros del Consejo redujeron el castigo, al argumentar que Ramírez tenía un historial disciplinario limpio en sus nueve años de labor y que las liquidaciones de los viáticos no habían sido cobradas.
La nueva sanción contra Ramírez, por usar el vehículo para ir al prostíbulo, puede ser apelada ante el Consejo Superior dentro de un plazo de tres días hábiles, según el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Actualmente, el funcionario se encuentra suspendido sin goce de salario. Esa sanción preventiva vence el 4 de noviembre.
