El regaño de un tribunal penal a la Fiscalía por una acusación errónea, motivó a esta última entidad a programar un curso entre 25 de sus funcionarios para repasar conocimientos básicos del Derecho.
El taller se denomina “Teoría del delito y técnicas de litigación penal: herramientas para el éxito del fiscal o fiscala”, informó el Ministerio Público.
En esta primera capacitación, del 16 de octubre al 28 de noviembre, participarán los 25 fiscales “con mayor necesidad de capacitación, según criterio de cada fiscalía adjunta del país”.
Los instructores serán la jueza Jenny Quirós y el fiscal adjunto de Impugnaciones, José A. Rojas.
La medida correctiva fue formulada a raíz de que, el 5 de mayo de este año, el Tribunal Penal de San José absolvió al exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Ángel Guillén, de una acusación por estafa.
Los jueces no solo señalaron la inocencia sino que reprocharon a la Fiscalía haber realizado la acusación cuando los hechos denunciados no configuraban delito, ya que estimaron, se trataba de un negocio fracasado para formar una empresa de seguridad privada.
Además, consideraron que el Ministerio Público solamente persiguió a Guillén por tratarse de una persona conocida públicamente.
Ante esto, la Fiscalía General solicitó a la Fiscalía de Impugnaciones un análisis del expediente, el cual recibió el 6 de agosto; luego de conocerlo, fue que solicitó a su Unidad de Capacitación y Supervisión diseñar y programar “capacitaciones sobre temas vinculados a la valoración inicial, planeación y valoración conclusiva de las investigaciones penales”.
Los cursos seguirán para abarcar a otros funcionarios en el primer y segundo semestres del 2015.
Análisis. El fiscal general subrogante, Carlos María Jiménez, dijo que en la mencionada causa contra Guillén “pudieron haberse investigado otras cosas, pero no se investigaron, y quizá, con esos otros elementos, hubiese podido resultar una acusación por otros hechos”.
Quienes analizaron ese expediente, apuntaron que los fiscales tuvieron la posibilidad de abordar líneas de investigación; por ejemplo, “posibles manejos fraudulentos con los activos y dividendos de la empresa en detrimento de los inversionistas”, lo que no sucedió.
Formación deficiente. El subjefe del Ministerio Público apuntó a vacíos en la formación profesional.
“Vienen formados de las universidades como abogados, no como fiscales, ni jueces, ni como litigantes (...) a nosotros nos toca la especialización”, comentó Jiménez.
Reconoció que “han proliferado las universidades que imparten Derecho. La demanda ha hecho que las universidades requieran una enorme cantidad de docentes, que no necesariamente tienen la misma calidad de metodología para enseñar. Entonces, el producto final es un profesional medianamente formado”.
Aunque resaltó que la Fiscalía General realiza un proceso riguroso de selección de personal y brinda continua capacitación, explicó que cada día surgen nuevos delitos y más complejos.
Para él, es ahí donde los fiscales, aun con experiencia, deben actualizar sus conocimientos para lo cual, sin embargo, hay trabas.
“Detectamos un problema de investigación en asuntos de mediana y alta complejidad fuera de San José y solicitamos al Consejo Superior aprobar un proceso de capacitación, pero, por razones presupuestarias, de coyuntura actual, lo rechazaron”, manifestó.