Sucesos

Centro educativo Lomas del Río de Pavas

Director de escuela, detenido por cobro de dádivas en contrato de remodelación

Actualizado el 01 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Director de escuela, detenido por cobro de dádivas en contrato de remodelación

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El director de la escuela Lomas del Río de Pavas, San José, fue detenido como sospechoso de cobrar comisiones ilegales por trabajos de mantenimiento que se realizaban en el centro educativo.

El docente, de apellido Vargas, fue arrestado el viernes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también detuvo a dos mujeres de apellidos Aguilar y Agüero, quienes son parte de la junta de educación de la escuela de Lomas del Río.

A los tres, la Fiscalía de esa localidad les achaca el delito de concusión, según comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.

La Fiscalía informó de que, tras las detenciones, solicitó medidas cautelares para los sospechosos.

El Juzgado Penal de Pavas dictó que las personas fueran suspendidas de los cargos y que se presenten a firmar a la Fiscalía cada 15 días, mientras se indaga el caso.

Marta Eugenia Jiménez, supervisora el circuito 02 del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó que ella asumió la dirección de la escuela, mientras se designa a una persona en el puesto.

Con facturas. Según detalló el Ministerio Público, los hechos con los que se vincula al director de la escuela y a las dos mujeres ocurrieron mientras en el centro educativo se hacían unas remodelaciones.

Aparentemente, los funcionarios le pidieron a un maestro de obras que aumentara el monto en las facturas que cobraba.

“De este modo, al parecer, (los funcionarios en representación del centro educativo) le giraban cheques al maestro de obras por cifras mayores”, explicó la Fiscalía.

El Ministerio Público detalló que posteriormente los involucrados se repartían el dinero cobrado de más.

Esa dependencia manifestó que la investigación se encuentra en la etapa preparatoria, en la que se recaban pruebas y es privada

La Fiscalía no descartó que la indagación se amplíe a otras personas que pudieran tener relación con los hechos.

El Código Penal establece una pena de dos a ocho años contra “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

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