El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, ordenó este domingo a los forenses de la Morgue Judicial que retomen las labores de realizar autopsias y entregar cadávares que se han acumulado desde el miércoles anterior debido a una huelga de empleados judiciales.
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Espinoza se presentó la mañana de este domingo a la Ciudad Judicial de San Joaquín de Heredia, donde se reunió con el jefe de Medicina Legal, jefe de Patología y dos patólogas para girarles las instrucciones.
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"En principio la orden se va a cumplir. Eso significaría que vamos a hacer autopsias a partir de la tarde de hoy y los cuerpos se entregarían a partir del mediodía del lunes", manifestó Espinoza.
El jerarca de la Policía Judicial explicó que cada autopsia tarda en promedio cuatro horas, por lo que será a partir de mañana que empezarán a entregar cadáveres a las familias dolientes.
La orden de Espinoza se da a raíz de una medida cautelar que notificó la Sala Constitucional la noche del sábado, en la que le indicó al funcionario judicial que tome las medidas necesarias para que se hagan las autopsias y se entreguen los cuerpos.
Hasta el mediodía de este domingo, en la Morgue se acumulaban 25 cadáveres, según información del OIJ.
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La medida tomada por el Tribunal Constitucional se dio después de que la Defensoría de los Habitantes presentara un recurso de amparo en el que alega que los funcionarios judiciales están haciendo una retención ilegítima de cuerpos.
Espinoza advirtió que, en caso de que se desobedezca la orden de la Sala, habrá responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad.
"La decisión de la Sala va a ser acatada porque es incuestionable y no admite oposición de ninguna naturaleza. Eso lo defiende y respalda el OIJ. La orden es clara, directa y debe atenderse de manera inmediata", manifestó Espinoza.
La Presidencia de la Corte puso a dispocisión los números 2295-3500 y 2295-3611, para darle información a las familias que esperan sacar el cuerpo de algún pariente de la Morgue. También el celular 7146-6194 por la vía de mensajes de WhatsApp.
La molestia de los empleados judiciales se debe a que los legisladores de la Comisión Especial de Pensiones acordaron desechar el texto planteado por los gremios.
En su lugar, acogieron la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y en ella incorporarán las recomendaciones de un estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.
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El estudio de la UCR concluyó que el fondo de jubilaciones es insolvente y comenzará a comerse los intereses de la reserva del sistema en el 2029. Agotaría dicho recursos en el 2048. El régimen tiene un déficit actuarial de ¢5,36 billones. La UCR propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15% y que el monto de la pensión sea de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%.