Defensa pide a la Corte ver problema de hacinamiento

La Defensa Pública abogó porque la Corte Suprema de Justicia sí busque soluciones al problema del hacinamiento en las prisiones del país.

Así lo dieron a conocer , Marta Iris Muñoz, y Alejandro Rojas, directora y subdirector de la entidad, luego de que la magistrada de la Sala I, Rocío Rojas, se opusiera a que el Poder Judicial interviniera en el asunto.

En la sesión de Corte Plena del lunes anterior, Rojas expresó su rechazo a la firma de un convenio para que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia promovieran acciones conjuntas. La jueza alegó que se asumirían tareas que no corresponden constitucionalmente.

El martes, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, canceló la firma del convenio argumentando problemas de agenda.

Legalidad. Este viernes, la Defensa Pública, en un comunicado firmado por Muñoz y Rojas, pidió a los magistrados apoyar la firma del acuerdo.

“(El convenio) demarca una colaboración administrativa que no implica en forma alguna una usurpación de funciones entre los agentes estatales en juego y que tampoco deriva en una disminución o debilitamiento de alguno de los poderes”, se indica.

En el texto se cita que ambos entes han coordinado diversas labores en el pasado, como por ejemplo, la coordinación entre los Juzgados de Ejecución de la Pena y Justicia para supervisar el cumplimiento de la pena; la implementación de dispositivos electrónicos y la ejecución de medidas alternas a la prisión.

“Los compromisos que se adquieren en el convenio interinstitucional se orientan a compartir información entre instituciones, impartir capacitaciones a sus funcionarios y a la promoción de reuniones, debates, espacios de reflexión y discusión entre los diferentes agentes estatales que tienen injerencia en la temática del hacinamiento penitenciario. Dicha cooperación no es ajena a prácticas anteriores que han sido aprobadas por el Poder Judicial”, detalla el documento.

Para la Defensa, el objetivo no es incidir en decisiones de los jueces al tomar decisiones jurisdiccionales en casos concretos.