Sucesos

Corte obliga a jueces a pagar costo de errores en juicios

Actualizado el 13 de febrero de 2015 a las 12:00 am

Dirección Ejecutiva cobra debates anulados por culpa de funcionarios

Montos van hasta ¢1 millón, según el salario y gastos en que se haya incurrido

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El Poder Judicial tiene una Sección de Cobro Administrativo que estudia los casos donde se evidencie que la actuación del servidor generó un perjuicio económico para la institución. Entre el 2006 y el 2014, al menos, 11 funcionarios debieron pagar sus errores. | ARCHIVO.

El 1.° de diciembre del 2009, un médico forense fue condenado por el Tribunal de Juicio de San Carlos a 16 años de cárcel por la violación y abuso sexual de una asistente.

No obstante, el fallo fue anulado por el Tribunal de Casación de San Ramón porque los jueces no leyeron, integralmente, la sentencia ni la notificaron completa al imputado.

Ese grave error llevó a que el Poder Judicial cobrara a los jueces Adolfo Mora Arce, Víctor Mauricio Perlaza Rojas y María Gabriela León Mora el costo del juicio por haber incumplido sus deberes y desatendido las obligaciones de su función. La sanción se impuso en el 2014 y el monto aún está por definirse.

Así como en ese caso, un informe de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, solicitado por La Nación , revela que otros ocho juzgadores y un auxiliar judicial han tenido que cancelar ¢5,5 millones en total, por haber cometido yerros en sus labores por causas atribuibles al funcionario.

Ese estudio no es exhaustivo, pero incluye siete expedientes que, al menos, han sido tramitados por la Sección de Cobro Administrativo del Poder Judicial, entre el 2006 y 2014, contra los empleados.

Sancionados. Por ejemplo, en el 2006, los jueces Cristian Quirós Jiménez, Ileana Méndez Sandí y Gina Cabrera Pedrazini, del Tribunal de Juicio de Heredia, debieron pagar ¢2.075.000 en total porque la sentencia con la que condenaron a un sujeto por robo agravado, carecía de la firma de uno de ellos, lo que llevó a la anulación del juicio.

Al exjuez penal de Corredores, Juan Carlos Peralta Montoya, también le cobraron ¢525.433, en el 2006, porque se anuló un debate por dictar el fallo fuera del plazo.

Al juez Vinicio Castillo Serrano y su entonces asistente Gerardo Zelaya Rodríguez, les solicitaron ¢487.043 y ¢ 162.380 respectivamente, en el 2007, porque se anuló un juicio por la falta de una rúbrica.

Así también les ocurrió a los jueces Giovanni Mena Artavia –debió pagar ¢775.967 en el 2009– y Verónica Elizondo Murillo –¢1.052.808 en el 2012–.

En el caso del juez Ángel Reyes Castillo, como renunció al cargo en el 2008 sin tramitar el preaviso, dejó varios juicios pendientes, que no se concluyeron por su ausencia, los cuales se tuvieron que reprogramar. Le cobraron ¢774.783.

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¿Cómo se calcula? Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó que, cuando abren el proceso de cobro al funcionario, realizan un estudio económico, el cual toma en cuenta varios elementos.

Por ejemplo, el costo de las horas pagadas al funcionario durante el debate, los materiales que se consumieron en el proceso, la gasolina si hubo que realizar notificaciones, así como un rubro de imprevistos.

Según dijo, los procesos de cobro surgen por sanciones disciplinarias, traslados de expedientes por parte de algún tribunal o quejas de litigantes, donde se evidencie que la actuación del servidor generó un perjuicio para la institución.

Algunos jueces optan por utilizar sus pólizas de fidelidad para cubrir el pago.

Sin embargo, Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), aseguró que esa póliza no incluye cobros administrativos, pero negocian con algunas aseguradoras contemplar una cobertura especial para ello.

El exjuez Juan Carlos Peralta manifestó que el Tribunal de la Inspección Judicial lo amonestó por dictar una sentencia fuera del tiempo.

Al apelar esa sanción ante el Consejo Superior, dijo que en el Tribunal de Corredores debía trasladarse frecuentemente a Golfito, Osa y San Vito, por lo que al remitir la sentencia, esta llegó fuera de tiempo al despacho.

Peralta manifestó que en el Consejo le rechazaron el recurso y le violentaron el principio de no reforma en perjuicio.

Como él se negó a pagar, a pesar de que le dedujeron el monto correspondiente de su salario, en tres partes, lo volvieron a sancionar disciplinariamente por tener la deuda pendiente. Después, renunció al Poder Judicial.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutivo del Poder Judicial, dijo que, cuando se realizan los procesos de cobro, respetan el debido proceso a los funcionarios, quienes pueden defenderse en esta vía y plantear sus alegatos.

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