Ha pasado más de un año desde que Nancy Hernández López se sentó en la silla de magistrada de la Sala Constitucional.
Ese trabajo no le era del todo ajeno, pues durante mucho tiempo fue la mano derecha del magistrado de esa instancia y presidente del Poder Judicial, Luis Paulino Mora, quien falleció hace dos años. Hernández, incluso, fue la directora del despacho de la Presidencia.
En su nueva función, la jueza reafirmó una idea que le preocupaba: “La Corte Plena, como órgano gerencial, está obsoleto”. Así lo sostuvo durante una entrevista con La Nación , realizada el pasado jueves.
La jurista afirmó que esa es la razón por la cual las decisiones “tardan en llegar”, pues deben ponerse de acuerdo “distintas visiones”.
“Es un órgano complejo de 22 personas, democrático, participativo, que se reúne esporádicamente. Por eso, cuando hay reformas legislativas a los códigos procesales, en la Corte duran muchos años (en consulta), a veces hasta 10 años, en la Asamblea duran otros 10 años y, entonces, cuando llegan a la ciudadanía, llegan 20 años tarde”, expresó.
Resaltó que el principal órgano judicial debería encargarse de “lo esencial” y delegar otras decisiones administrativas a oficinas como el Consejo Superior.
“Los magistrados pasamos todo el día votando y viendo casos y no podemos pasar metidos en la administración. El otro día discutimos un avocamiento para nombrar al presidente de la Inspección Judicial de forma interina por tres meses y duramos horas.
”La Corte debería dejarse la aprobación del presupuesto, del plan estratégico, el levantamiento de inmunidad de los miembros de los supremos poderes, las consulta de los proyectos de ley (que está en la Constitución), el nombramiento de los jerarcas principales de la institución y un par de cosas más”, afirmó.
No es la única. Hernández no es la única magistrada quien piensa de esa manera.
El vicepresidente del Poder Judicial, José Manuel Arroyo, manifestó ayer que ese es su criterio, desde que hace 14 años llegó a la magistratura.
“He abogado para que la Corte pueda, básicamente, dedicarse a la formulación de las prioridades político-presupuestarias”, dijo.
Arroyo explicó que lo ideal es que exista un consejo de administración y uno de la judicatura “que administre la carrera judicial y haga los nombramientos”.
Informó de que, desde hace años, él y otros compañeros han hecho propuestas de reformas.
Precisamente, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, dijo que ya desde 1993 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para “descongestionar” a la Corte Plena Sin embargo, consideró que el proceso no está concluido y detalló que existe un plan de ley para reforzarlo.
El presidente de la Sala Constitucional, Gílbert Armijo, coincidió con que los magistrados deben enfocarse en “fijar las grandes políticas claves y darles seguimiento. Por ejemplo, el caso de la Comisión de Narcotráfico, ese tipo de políticas o hacia dónde va el Poder Judicial.
No obstante, admitió que existe un grupo de compañeros que creen que se debe mantener la estructura actual, cuyo criterio ha prevalecido.
El presidente de la Sala I, Luis Guillermo Rivas, estimó que se pueden delegar tareas, si la Corte se mantiene “enterada”.