El cerebro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) opera en una torre de seis pisos, situada en Los Yoses de San Pedro de Montes de Oca, San José, por la que se paga un alquiler mensual de ¢35,3 millones.
Ese local, de 3.599 metros cuadrados, alberga unos 300 funcionarios, y se alquila desde hace cuatro años. Allí se ubica la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), la cual trabaja la inteligencia de la Policía Judicial para la preparación de sus operativos.
Francisco Segura, director de la entidad, manifestó que esa es la llamada ‘Torre Z’, la cual es parte de una red de locales en todo el país que han tenido que arrendar porque cuando los edificios propios del Poder Judicial se saturan, los funcionarios del OIJ son los primeros a los que desalojan.
Segura sostiene que esa falta de espacio genera un detrimento de su presupuesto, ya que deben girar recursos para pagar los alquileres. Solo en el OIJ, por ejemplo, para el 2014 se tienen destinados ¢984 millones en alquileres.
“El Poder Judicial ha ido creciendo y no ha habido inversión en edificios. A los primeros que sacan cuando en un edificio de tribunales no caben más, es al OIJ. Nosotros también crecimos y no hay espacio. Ahora estamos tratando de alquilar un edificio en Heredia porque en OIJ está en un sótano”, expresó el jefe policial.
Más alquileres. La ‘Torre Z’ es parte de, al menos, 18 edificios que el OIJ alquila, según un informe de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial. Por todos estos bienes inmuebles se pagan unos ¢63 millones cada mes.
Los otros sitios donde se alquilan edificaciones para ese cuerpo policial son Nicoya, Upala, Tarrazú, Siquirres, Sarapiquí, Puriscal, Parrita, Osa, Monteverde, Los Chiles, La Unión, Cóbano, Cañas, La Fortuna y Batán. Después de la ‘Torre Z’, el segundo local más caro del OIJ está en Liberia, por el que se desembolsan ¢8 millones al mes.
El informe de la Dirección Ejecutiva revela que existen otros 133 edificios que se alquilan para ubicar oficinas administrativas, de la Fiscalía, Defensa Pública, juzgados y tribunales porque no caben en los propios.
En total, son 152 edificios que cuestan ¢283 millones por arriendo al mes. Solo la Fiscalía tiene 16 edificios, cuyo costo mensual es de ¢43 millones; la Defensa Pública tiene 14 locales por ¢26,5 millones; otros nueve edificios albergan oficinas mixtas con un costo de ¢23 millones; y solo para tribunales se alquilan seis y se pagan ¢21 millones.
Por ejemplo, la Fiscalía General se ubica en una casa en San José por la que se pagan ¢5 millones, el Tribunal Penal de Pavas-Hatillo también se ubica en un local en Rohrmoser por ¢11 millones al mes.
Luis Guillermo Rivas, magistrado y presidente de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, explicó que la judicialización de los conflictos lleva a que se deban abrir más oficinas, sobre todo por el crecimiento que ha habido en el ámbito penal.
En el Primer Circuito Judicial de San José, hay 13 edificios alquilados, mientras que en Pavas, Hatillo y Escazú, son 17, ocho en Heredia, siete en Puntarenas, nueve en Desamparados e igual cifra en Cartago, seis en La Unión, así como en Parrita y Puriscal; los otros 71 edificios están en otras zonas del país.