Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) utilizó su arma de reglamento para disparar al aire, con el fin de intimidar a vecinos de su mamá, en Tacacorí de Alajuela.
El funcionario Gerson Quirós Venegas, quien laboraba en la Sección de Fraudes del OIJ, fue despedido el 18 de junio por cometer una falta gravísima.
Ese día, el Consejo Superior del Poder Judicial resolvió una apelación y decidió mantener el castigo que había impuesto, previamente, el Tribunal de la Inspección Judicial.
El Consejo reprochó la conducta del investigador y la calificó como “extremadamente peligrosa, injustificada, temeraria, e imprudente, por cuanto el servidor no midió las consecuencias, no pensó en la posibilidad de que las balas disparadas podían causarle la muerte o una lesión a alguna persona”, según se lee en el acta de la sesión.
Este viernes se intentó conversar con Quirós, pero la línea telefónica registrada a su nombre está inactiva.
Temor. Los hechos por los cuales fue despedido el agente judicial se dieron desde finales del 2012 y hasta mediados del 2013.
La denuncia contra él la interpusieron vecinas del lugar, quienes aseguraron sentir temor por los tiros que se daban desde el patio de la vivienda, tanto de día, como de noche y madrugada.
Las afectadas afirmaron a las autoridades que, al inicio, los disparos se daban cada dos semanas, pero, posteriormente, se escuchaban todos los días.
Otras quejas llegaron por parte de un grupo de jóvenes y menores, quienes manifestaron que, en una ocasión, cuando estaban en la calle, Quirós llegó en un vehículo con las luces altas.
Los muchachos le pidieron que bajara las luces y el oficial se bajó y empezó a disparar contra un montículo de tierra que estaba a pocos metros.
Una vez que Quirós se retiró, un joven procedió a recoger los casquillos, los cuales fueron aportados como prueba.
Las pesquisas determinaron que las balas salieron del arma de fuego asignada al agente judicial, la cual era una pistola, marca Sig Sauer, calibre 9 mm.
En el expediente del caso también se observa que las valoraciones psicológicas que se le habían practicado al oficial sobre la idoneidad para portar armas, nunca sugirieron riesgos de violencia.
Abuso. En el análisis sobre este caso, las autoridades resaltaron que el investigador incumplió las normas internas, las cuales establecen que “el policía va a recurrir a uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros”.
También rescataron lo estipulado en normativa internacional sobre legítima defensa.
“El uso de armas letales por parte de la Policía solo se concibe como último medio para repeler, en legítima defensa, una agresión, nunca con el único motivo de dar por terminada una persecución, nunca con el único motivo de evitar la fuga de un sospechoso, nunca como medio para amedrentar, nunca como burda exhibición”, según indicaron.
El Tribunal de la Inspección Judicial señaló que la seguridad de los ciudadanos no puede estar en las manos de quien dispare un arma sin razón, “conducta absolutamente impropia de un funcionario judicial”.