Un promedio de 4.000 personas solicita por día un certificado de que no tiene antecedentes penales.
Esto porque la hoja de buena conducta se convirtió en un requisito más de las personas que buscan empleo, renovar la cédula de residencia, sacar un permiso para la portación de armas y hasta para incorporarse a un colegio profesional.
Datos de la Oficina de Registro del Poder Judicial, detallaron que desde el 4 de enero hasta el 20 de abril de este año se entregaron 322.778 “hojas de delincuencia”.
Esa cantidad representa un crecimiento de un 47% en relación con el mismo período del 2009, cuando se dieron 183.785.
Paola Sánchez Montero, secretaria ejecutiva del Registro, dijo que la alta demanda se debe a que el documento es exigido cuando la persona aspira a un puesto laboral. Desde el 5 de enero del 2009 el documento es gratuito. Antes costaba ¢26,25.
La base de datos del Registro Judicial incluye a 176.979 personas, entre ticos y extranjeros, que tienen 229.802 sentencias. Las condenas se mantienen inscritas hasta 10 años después de que la persona cumple la pena.
El Servicio Civil escoge el personal para 43 entidades estatales. Bejarano explicó que cuando la persona aparece como condenada de inmediato es rechazada.
Sin embargo, señaló que esos casos –que dijo son mínimos sin precisar la cantidad–, son sometidos a un “estudio técnico” tras el cual se determina si la persona es apta para ser contratada.
Agregó que en casos, como el de los educadores, donde por año se hacen nombramiento masivos, “algunos” aspirantes arrastran penas por abuso sexual o peculado.
“Esas personas quedas sujetas al resultado del estudio. Si sale negativo seguirá inhabilitado hasta que logre demostrar que las situaciones dudosas no existen” dijo Bejarano, quien agregó que “hay algunos que logran un puesto”.
El Ministro de Justicia, Hernando París dijo que esto tiene dos problemas: por un lado, que un condenado al salir de prisión tiene la hoja manchada y, por tanto, va a encontrar trabas para conseguir trabajo y, por el otro, está el derecho del empleador a saber a quien contrata.
Agregó que por eso Adaptación Social tiene un proyecto de capacitación de reos para que al cumplir la pena tengan un trabajo propio. “Con eso se evita ese obstáculo para reinsertarse a la sociedad” dijo.
Entretanto, Federico Campos, exdefensor público, consideró injusto que una persona siga sufriendo “las consecuencias de una sanción más allá del plazo de la sentencia, lo que les impide reinsertarse al ámbito laboral por 10 años”.
Aunque decenas de exconvictos han presentado recursos en procura de cambiar esa disposición, las Sala IV ha ratificado ese plazo.