EscucharOcho personas, entre ellas cinco panameños y tres costarricenses, fueron llevadas a juicio el miércoles en Chiriquí, Panamá, por tráfico internacional de armas.
El Ministerio Público de ese país solicitó, durante una audiencia, que se condenara a los panameños y costarricenses; por ahora, no se detalló ninguna pena.
El fiscal encargado del caso, Carlos González, acusó a los foráneos, de apellidos González (dos sujetos), Guerrero, Gallardo y Corella; y a los nacionales, apellidados Carvajal, Morales y Araya.
La audiencia de fondo contra los imputados se realizó en el Juzgado del Primer Circuito Judicial de Chiriquí, estuvo a cargo de Dimas Moreno y empezó con un retraso de cinco horas.
Al parecer, los custodios tuvieron problemas para trasladar a los reos por una huelga de hambre que mantenían 400 internos de la cárcel pública de David, donde están todos detenidos.
Captura. Los imputados fueron detenidos el 4 de mayo del 2011 en una operación encubierta realizada en el sector fronterizo El Cupé, Río Sereno, provincia de Chiriquí.
Al parecer, intercambiaban armas de grueso calibre por dinero.
Fuentes vinculadas con las investigaciones revelaron que a los detenidos se les decomisaron tres fusiles con miras telescópicas de francotiradores y dos escopetas.
Las armas estaban en el punto limítrofe con la zona costarricense de Matasano, en el sector comprendido entre Valle Azul y San Antonio de Coto Brus, Puntarenas.
En ese operativo fue retenido un colombiano, que colaboraba con la Policía de Panamá , después de un enfrentamiento entre oficiales y delincuentes.
Varios sujetos huyeron hacia Costa Rica en un Nissan Pathfinder, en el cual llevaban al rehén. Ese día, hacia las 8 p. m., el carro pasó frente a un retén en Limoncito, Coto Brus, pero no se detuvo.
La Policía inició una persecución, en la que delincuentes y oficiales intercambiaron disparos. Los sospechosos se alejaron, pero una bala hizo estallar una llanta del vehículo y se detuvieron para cambiarla. La Policía aprovechó ese momento para rescatar al rehén.
Ahora, el juez tendrá 30 días de plazo para determinar los grados de inocencia o culpabilidad de los ocho detenidos.
