Ocho cárceles están cerradas porque ya no cabe ni un reo más, según lo ordenaron distintos jueces de Ejecución de la Pena a la Dirección General de Adaptación Social.
El cierre técnico significa que, desde inicios de año, no se reciben más reclusos en las cárceles de Limón, San Sebastián, Cartago, Pococí, Pérez Zeledón y Puntarenas, y, desde el año pasado, en la Gerardo Rodríguez y la San Rafael.
En esas ocho prisiones hay camas para 5.539 reos, pero actualmente las instalaciones albergan a 1.696 más, lo cual representa una sobrepoblación del 30,6%.
Manrique Sibaja, director de Adaptación Social, aseguró que estos cierres técnicos implican duplicar los esfuerzos para clasificar a la población y realizar movimientos internos, a fin de reubicar en otras cárceles a las personas que ya están dentro para liberar espacios para los nuevos ingresos.
En Costa Rica hay 14 prisiones con capacidad para 9.828 personas, pero al 9 de mayo había 13.418 privados de libertad; es decir, hay un hacinamiento del 36,5%.
El límite máximo permitido para que no se violenten los derechos humanos de los presidiarios es de un 20%, de acuerdo con lo establecido por la Sala Constitucional en su jurisprudencia.
Según datos de Adaptación Social, del 2005 a la fecha la población penitenciaria se ha incrementado en un 80,4%.
“Podemos construir más cárceles, pero, con ese ritmo de crecimiento, difícilmente vamos a poder tener en cero la sobrepoblación. Tenemos otros mecanismos: movimiento de personas del programa institucional al semiinstitucional, libertades condicionales que dan los jueces, incidentes de enfermedad y opciones de penas alternativas”, manifestó Sibaja.
Amparo. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura, presentó, el jueves, un recurso de amparo a favor de 126 reos, a los que un juez les resolvió su situación jurídica y deben ser trasladados a una cárcel, pero Adaptación Social se ha demorado en recibirlos.
Luis Bernardo Arguedas, director del programa institucional, sostuvo que la demora se debe a los cierres técnicos, lo cual implica la necesidad de clasificar adecuadamente a la población entrante. Agregó que ayer recibieron 42 reos que estaban en celdas judiciales de Siquirres, Cartago, Heredia, San José, Garabito y Pérez Zeledón.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, asegura que el Ministerio de Justicia no le ha prestado atención al problema de la sobrepoblación. “En la Defensa Pública hemos sido muy proactivos con el Ministerio de Justicia. Hemos abierto puertas del Poder Judicial y hecho propuestas, pero no hay decisiones”, manifestó.