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Estado toleró por 5 años obras ilegales en Portete

Actualizado el 04 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

Sala IV había ordenado en el 2011 a municipio demoler inmuebles ilícitos

Alcalde admitió en agosto del 2014 que en la zona había ‘otras ilegalidades’

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Estado toleró por 5 años obras ilegales en Portete

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En el llamado balneario de Portete se construyó un enclave portuario. Allí hay casas viejas y otras en proceso de construcción, sin ningún tipo de permiso. | ALONSO TENORIO

En octubre del 2010, un ambientalista alertó a la Municipalidad de Limón y al Ministerio de Salud por la aparición de construcciones ilegales en el balneario de Portete, justamente donde, cinco años después, se halló un enclave portuario, presuntamente usado por el narco.

La denuncia, planteada por Marco Machore Levy en un recurso de amparo ante la Sala IV, provocó que en enero del 2011 los magistrados ordenaran al municipio aplicar la ley, demoler los inmuebles y dar una solución definitiva al problema, pues Machore también alegó daño al ambiente.

Sin embargo, con los años, el problema siguió no solo en Portete, sino por obras en el atracadero de pescadores en Piuta, playa Bonita y Cangrejos, según notas que intercambiaron el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Ministerio de Ambiente y el municipio.

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Incluso hay un escrito firmado en enero del 2010 por la entonces ministra de Salud, María Luisa Ávila, el cual revela que en Portete se localiza “un centro de acopio de pescado, no cuenta con planos constructivos (...), en inspección se identifica que no cumple con los 50 metros inalienables”.

La bahía de Portete, a 5 km de Limón y a 2 km del puerto de Moín, tomó relevancia cuando en noviembre del 2014, la Policía descubrió allí una lancha con 318 kilos de marihuana comprimida. Luego, en agosto pasado, el lugar fue allanado pues en una superficie de 22.000 m² se construyó un enclave portuario ilegal.

La Fiscalía abrió un proceso por el delito de usurpación de terrenos de dominio público, entre otros, a Gilbert Bell Fernández, llamado Macho Coca, detenido luego por supuesto narcotráfico.

Todo a la vista. El exalcalde de Limón, Eduardo Barboza Orias (2006-2011) admitió que las edificaciones estaban a la vista, pero que el municipio tenía acciones limitadas. Alegó desconocer el fallo de la Sala IV, pues dejó el cargo en febrero del 2011. “No es que la Municipalidad no se diera cuenta, la comunidad entera sabía, al igual que Seguridad Pública, el OIJ, la Fiscalía. Eso estaba a la vista, esos terrenos están invadidos por gente, se apropiaron de eso que es de dominio público” .

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La Nación intentó hablar con Néstor Mattis, actual alcalde, pero no contestó. Empero, el 26 de agosto del 2014, ante una petición de Guiselle Lucas Bolívar, directora del Área de Salud en Limón, quien le pidió intervenir las construcciones ilegales, respondió en el oficio AML-1334-2014: “No podemos arriesgar la vida de nuestro personal, ya que es un área donde tiene que intervenir no únicamente la municipalidad, sino otras instituciones, debería ser una intervención integral en donde no solo se vea la problemática de las construcciones sino también otras ilegalidades”.

Ante los diputados, el 1.° de octubre, Mattis afirmó que tiene 14 años de no visitar Portete y que se enteró de la situación irregular el 4 diciembre del 2014, por denuncia de Seguridad Pública.

Machore, en un escrito del 9 de octubre del 2014, dirigido a Priscilla Herrera, directora general de Salud, le indicó que el problema “de Portete y la salud pública tiene sus raíces en el hecho de que, presuntamente, en ese lugar se descargan drogas, que son almacenadas, primero, en locales ilegales que pueden ser atacadas con los instrumentos legales (órdenes sanitarias) con que cuenta el Ministerio, ya que el alcalde no quiere hacer su parte”.

Hay otro documento del 22 de octubre del 2014, en el que Óscar Loza, jefe de Planificación del Minae, pide al Sinac actuar ante las denuncias por daño ambiental.

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Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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