La regidora y vicepresidenta municipal de Siquirres, Krysbell Ríos Myrie, quien aparece vinculada a fincas con helipuertos del narco, fue señalada en diciembre del 2012 por la Contraloría General de la República (CGR) dentro de una pesquisa por la construcción de la trocha fronteriza 1856.
La militante del Partido Liberación Nacional (PLN) forma parte del proceso debido a su cargo como directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), donde es representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Esta semana, La Nación dio a conocer que la funcionaria figura como apoderad a de la sociedad A y B Peraza Ríos del Caribe, dueña de una finca en la que se hallaron dos helipuertos que se presume eran usados por el narcotráfico en La Catalina de Siquirres, Limón.
Además, ella gestionó ante el Registro Nacional el traspaso de otra propiedad en Cutris de San Carlos donde fueron ubicados otros dos helipuertos.
Ríos es esposa de un hombre de apellido Peraza, quien preside la sociedad. Él fue detenido el 5 de octubre en Boca Tapada de Pital de San Carlos como sospechoso de pertenecer a un grupo armado pero fue liberado con medidas cautelares.
Caso trocha. Ríos había sido nombrada por la Contraloría en una lista de 21 funcionarios y exfuncionarios dentro de un procedimiento para determinar eventuales responsabilidades en torno a la fiscalización y el manejo de los recursos públicos en las obras de la trocha.
Ese proceso sigue en trámite. También están señalados el exviceministro de la Presidencia, Mauricio Boraschi; los viceministros Wálter Navarro (Seguridad), Juan Carlos Pacheco (Hacienda), Roy Barboza (Vivienda), Adolfo Ortiz (Salud) y Ana Guevara (Ambiente), así como la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales.
La construcción de esa ruta fronteriza inició en diciembre del 2010 como respuesta al conflicto con Nicaragua por la isla Calero.
En mayo del 2012, el entonces ministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez, denunció un supuesto pago de dádivas a dos funcionarios del Conavi, dentro de procesos de contratación abreviados por al menos ¢23.000 millones
La presidenta Laura Chinchilla destituyó al jerarca y el Ministerio Público abrió una investigación.
Separación. Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago y presidente de la UNGL, aseguró que Ríos ya no pertenece a ese grupo.
Indicó que la organización le pidió desde el año pasado al ministro de Obras Públicas, Pedro Castro, que destituyera a la regidora del Conavi.
“Ella era miembro de la junta directiva, luego se le nombró en el Conavi y luego aquí no se le escogió más”, explicó el funcionario.
“De ahí que la junta directiva le pidió al Gobierno que la destituyera”, agregó.
Rodríguez aseguró que, cuando se dio a conocer el caso de la trocha, la UNGL le reiteró al Gobierno su preocupación mediante una misiva enviada a Castro. Sin embargo, la petición no fue atendida.
Ayer se intentó consultar a Castro sobre este asunto pero no respondió a su teléfono.
Sin comunicación. La Nación ha intentado conversar con Ríos en reiteradas ocasiones pero ella no responde a varios teléfonos registrados a su nombre.
Ayer, tanto el presidente del Concejo Municipal, Mario Arturo Castillo, como la madre de Ríos, aseguraron que no tienen ninguna noticia de la mujer.