EscucharAgentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) mantuvieron esposada a una joven de 18 años, durante dos horas, con un pantalón corto y una blusa transparente sin sostén, dentro de una casa que allanaron para detener a su novio en Puntarenas.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/LM7KPMW6O5AKJLLRWTI4RI3N3Q.jpg)
La Policía de Control de Drogas (PCD) allanó la vivienda, el 26 de junio, en el barrio El Carmen, Puntarenas, donde había 814 dosis de marihuana y se detuvo a un sujeto, apellido Barrantes (foto ilustrativa). | ARCHIVO.
Por ese hecho, el defensor público del imputado interpuso un recurso de habeas corpus a favor de la muchacha, de apellido Ávila, pues no tenía relación con la pesquisa y su detención resultaba arbitraria e ilegal.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y condenó al director de la PCD, Allan Solano, en la sentencia N.° 2015-9560, del 26 de junio.
“Al no permitírsele a la tutelada el cambiarse de vestimenta, se afectó su pudor, toda vez que se le expuso en una condición inapropiada frente a las personas que estaban realizando el allanamiento de la vivienda, lo que constituye un trato denigrante y, por ende, afectó su dignidad humana”, dijeron los magistrados.
Diligencia. El allanamiento se realizó el 26 de junio, a las 11:20 a. m., por orden del Juzgado Penal de Puntarenas, para detener al sospechoso de vender drogas, apellidado Barrantes, de 23 años.
Cuando los policías entraron a la vivienda, esposaron a la novia y la mantuvieron retenida hasta las 12:50 p. m., sin que le permitieran cambiarse de ropa.
A pesar de que el fiscal José Rodolfo Mora les ordenó a los oficiales que debían permitirle el cambio de vestimenta y dejarla en libertad, no acataron la orden.
Incluso, la propia jueza penal Heidi Ulate aseguró que ella les dijo a los oficiales que debían liberarla si no tenía causas pendientes, pero tampoco obedecieron.
“La actuación de las autoridades policiales recurridas es arbitraria y, por ende, lesiona los derechos fundamentales de la amparada, pues ante el mandato de las autoridades judiciales, la amparada debió ser puesta en libertad inmediatamente, amén de que ya tenían el control del lugar”, dice el fallo de la Sala IV.
Los magistrados ordenaron al Ministerio Público investigar si la actuación de los oficiales constituye un delito, para abrirles una causa penal a los policías.
Por otro lado, le pidió a Allan Solano investigar las posibles faltas administrativas que hayan cometido sus subalternos, así como girar directrices para que se cumplan las órdenes de jueces o fiscales en los allanamientos.
La oficina de prensa de Seguridad Pública señaló que el ministro Gustavo Mata se referiría al caso. El jerarca sostuvo, únicamente, que acatarán la orden de la Sala Constitucional.
