El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la falta de pruebas frenó la causa administrativa en contra de tres agentes de Tránsito que están ligados a una banda narco supuestamente liderada por Gílbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca.
Los imputados son los oficiales de apellidos Dondi López, Moya Moya y Marchena Gutiérrez, quienes fueron detenidos el 8 de octubre pasado en Limón. Ese mismo día también capturaron a Bell y a dos hermanos, de apellidos Valerio Chaves, quienes eran supuestos cabecillas de un grupo narco josefino.
En apariencia, los funcionarios eran los encargados de evitar que se revisaran carros o camiones con los cuales supuestamente Bell enviaba marihuana y cocaína, desde Limón hasta San José.
Rónald Muñoz, director de Jurídicos del MOPT, indicó que la causa administrativa contra los tres se abrió el 20 de octubre; sin embargo, al no tener acceso al informe policial, “tuvimos que suspender ese proceso”.
Aseguró que las criminólogas de Asuntos Internos del MOPT han tratado de tener acceso al expediente judicial, pero, añadió, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (Facdo) no les ha dado respuesta. “Lo único que sabemos es que les impusieron medidas cautelares. Y con eso no podemos hacer mucho.
”La Sala (Constitucional) ha dicho que, en una causa administrativa, se debe hacer una imputación de cargos clara, precisa y circunstanciada. En este caso, eso no existe”, lamentó Muñoz.
Ante esa falta de pruebas, el MOPT esperará a que la investigación avance un poco más. “Quizás, conforme vaya caminando, nos den algo de información para poder actuar”.
Por su parte, el Ministerio Público respondió que, por el momento, el MOPT no ha hecho ninguna solicitud “de manera formal”.
Actualmente, los tráficos deben presentarse a firmar cada 15 días, no pueden trabajar en ruta 32 o en el cantón central de Limón y no pueden acercarse a posibles testigos.
Por ello, la Policía de Tránsito los reubicó en la oficina de Puerto Viejo de Sarapiquí, donde realizan labores administrativas.
‘Impreciso’. El director de Jurídicos detalló que la única información que obtuvieron fue la ampliación de un informe hecho por la Sección Especializada de Tránsito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con fecha del 30 de setiembre anterior.
En ese documento se detallan supuestas conversaciones que tuvieron los policías con Macho Coca. Empero, señaló, está “demasiado impreciso”.
“Es tan desordenado, no viene en orden cronológico, no establece fecha ni hora, no se hace imputación de cargos. Tiene un montón de defectos. Ellos (Sección Especializada de Tránsito) hacen su mayor esfuerzo, pero quedamos en lo mismo, como si no tuviésemos nada”, manifestó.
Según Muñoz, hay unos apuntes que indican, por ejemplo: “Macho llamó por teléfono a un oficial de tránsito (Moya). Este se pone a la orden de Macho y le pregunta en qué le puede ayudar. Macho le pregunta si está en la romana (sobre ruta 32), a lo que le responde que sí. Macho le ordena que se quite porque en cinco minutos va a pasar un tractor.
”El oficial se pone de acuerdo para dejar pasar el tractor, pero antes le informa a Macho que al día siguiente sale de vacaciones y eso genera muchos gastos. Macho muestra su anuencia”.
Para el director, este diálogo no significa nada.
“¿Qué le vamos a imputar (al tráfico)? ¿Que dejó pasar el tractor? Pero, ¿Cuál tractor? ¿A qué hora? No tenemos la placa, ni acceso a videos, ni el nombre de la persona que lo manejaba. Ya se va a cumplir un año (de las detenciones) y ni siquiera han elevado el caso a juicio”.
Entonces, Muñoz alegó que estas cosas dificultan “el esfuerzo para no tener un régimen de impunidad dentro de la Policía”.