Diputados afinan nuevo texto para quitar bienes a mafia

La iniciativa pretende darle herramientas al Estado para quitarle a la mafia los bienes comprados con dinero proveniente de hechos ilícitos y así restarle capacidad operativa al crimen organizado.

Se discute en la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

Según el diputado Antonio Álvarez Desanti, presidente de ese foro, los cambios se aplican para aclarar aspectos sensibles que preocupan a la ciudadanía y concretar un proyecto del cual “la gente buena” no tenga por qué temer.

“Si la Fiscalía no tiene elementos para probar un negocio ilícito, no puede quitar el bien. Primero, tienen que demostrarse ese ilícito”, enfatizó.

Los abogados penalistas José Miguel Villalobos Umaña y Gerardo Huertas Angulo consideraron, sin embargo, que este nuevo texto contiene aspectos ambiguos, roces con la Constitución, y traslada la carga de la prueba a las personas sospechosas.

Historia. El primer texto del proyecto se presentó en diciembre del 2013, pero el plan enfrentó oposición y no prosperó.

Por tal razón, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia presentaron al Congreso, el 1.° de octubre, un texto sustitutivo que se tramita bajo el expediente 18. 964 . El plan consta de 143 artículos.

Antonio Álvarez dijo que la iniciativa, aunque es más amplia, necesita afinarse más.

Para él, la prohibición de las intervenciones telefónicas es uno de los aspectos que debe quedar absolutamente claro.

“En el proceso de extinción de dominio no se pueden hacer. Eso es categórico”, declaró.

De esa opinión, discrepó el abogado Gerardo Huertas, al argumentar que en los transitorios del plan, se propone reformar la Ley de Registro, Secuestro e Intervención de las Comunicaciones para que se incluya el concepto de extinción de dominio.

Respecto a la carga de prueba, que, según los opositores al plan, obliga al sospechoso a demostrar que el dinero es lícito, Antonio Álvarez expresó que hay un error .

En su criterio, en el proyecto se establece que la Fiscalía tiene que probar que los bienes proceden de actividades ilícitas y se definen cuáles.

Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, dijo que se trata de una legislación novedosa que requiere cuidado.

“Costa Rica es un país de leyes; vamos a tener que empezar a articular para ver cómo funciona, porque tampoco se trata de una cacería de brujas donde el Estado de derecho no lo permite”.