Un vendedor de droga, quien vivía y tenía su centro de operación en la Trinidad de Moravia, San José, comercializaba hasta ¢1 millón al día en estupefacientes.
Así lo dio a conocer este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de dos allanamientos realizados por la mañana en esa comunidad josefina para detener a cuatro hombres.
De acuerdo con la investigación del caso, que comenzó en febrero de este año después de varias denuncias, los sujetos vendían marihuana, cocaína y crack a adictos, estudiantes y vecinos de la zona.
"El grupo vendía de manera constante y profesional todo tipo de drogas en la comunidad de Moravia. Tenían dos sitios de trabajo: un apartamento, que era el lugar donde vivía el líder de la agrupación y un búnker, que era donde se vendía la droga", manifestó el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza.
El cabecilla de la organización, de 27 años, fue identificado con los apellidos Lobo Santamaría, alias Chucky. Mientras que los otros aprehendidos responden a los apellidos Rosales González, de 25 años, Artavia Román (47) y Campos Álvarez (19).
Según las autoridades, Lobo adquiría la droga, la almacenaba temporalmente en su apartamento y la trasladaba hasta un búnker, ubicado a 900 metros de su residencia.
"Lobo definía los precios, los momentos y los periodos de venta de droga. Los otros sujetos se turnaban para atender a las personas que se presentaban al sitio, pero los ganancias eran recaudadas por Lobo mediante su presencia directa en el lugar", mencionó Espinoza.
El jerarca policial dijo que aunque la cantidad de droga que vendía el grupo no está estimada, "los búnkeres suelen vender hasta ¢1 millon por día, lo que significa que la actividad es constante y que hay una prolongación temporal que implica necesariamente una estructura".
Espinoza añadió que todas las ventas de droga requieren un establecimiento de precios, conocimiento del territorio, protección de lugares y definición de momentos para la venta y el pago de salarios.
Los cuatro detenidos, ninguno con antecedentes, quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se defina su situación legal. A ellos se les investiga como sospechosos del delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, en la modalidad de venta de droga. La pena oscila entre 8 y 15 años de cárcel.