La Nación incurrió en un error al publicar, ayer, una lista de 16 automóviles que utiliza la Policía de Control de Drogas. Al brindar los números de placa, marca, modelo y color de cada uno, se facilitó la posibilidad de identificar tanto a los vehículos como a quienes los emplean y podrá afectarse negativamente la discreción de sus actividades.
¿Por qué se produjo la publicación?
Tras la denuncia, planteada en varias instituciones, de que ese grupo de autos, presuntamente propiedad del Gobierno, están inscritos en el Registro Público a nombre de una empresa particular, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre el caso. Ante preguntas de nuestra periodista, tanto el contralor, Samuel Hidalgo, como el director del Registro, Mario Saborío, reconocieron posible la irregularidad del método.
La Nación consultó a algunos funcionarios o exfuncionarios de seguridad vinculados al caso. Aparte de justificar el procedimiento, ninguno aportó elementos que lo explicaran adecuadamente. El ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, no atendió a nuestra redactora y tampoco contestó un cuestionario escrito sobre el tema. En estas circunstancias, el listado de vehículos -obtenido del Instituto Nacional de Seguros y del Registro Público-, era un elemento fundamental para demostrar que se había puesto en práctica una fórmula muy dudosa en el manejo de esos bienes públicos.
El problema, al optar por su publicación, fue no tomar en cuenta las posibles consecuencias que el detalle de la lista podría tener en ciertos operativos policiales. Nos concentramos en la vertiente patrimonial y administrativa del Estado, sin medir el posible impacto en temas de seguridad.
Una mayor apertura de las autoridades competentes probablemente nos habría dado luces suficientes para decidir de manera diferente. Esto, sin embargo, no borra nuestro error. Lo reconocemos sin ambages ante nuestros lectores.
Al hacerlo, rechazamos enfáticamente las viciadas acusaciones del Ministro de Seguridad contra La Nación y sus periodistas. Nuestra trayectoria de lucha rectilínea contra el narcotráfico y contra la corrupción pública no se verá afectada por la truculencia de sus ataques.
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