EscucharUn grupo de funcionarios del Juzgado Penal de Santa Cruz, en Guanacaste, presentaron quejas contra su jefa por maltratarlos en repetidas ocasiones.
Esa fue la razón por la que el Tribunal de la Inspección Judicial decidió despedir a la jueza coordinadora, de apellido Baltodano. La determinación se tomó el pasado 26 de octubre, cuando los miembros de ese tribunal realizaron una audiencia oral y privada, en la que consideraron que la jueza era responsable de hostigamiento laboral.
El Tribunal calificó la falta como “gravísima” y, por ello, le impuso la sanción de revocatoria de nombramiento.
No obstante, la jueza, quien tiene 35 años de edad, apeló la decisión, por lo que el Consejo Superior deberá resolver el caso.
Ayer, consultada sobre su despido, Baltodano indicó que se trata de una “persecución” en su contra. “Yo no quiero hablar con ningún periódico porque yo no he llamado a nadie; eso ya es hostigamiento”, dijo la jueza.
No obstante, confirmó que ella impugnó la decisión del Tribunal.
“Que me estén molestando es una barbaridad, porque es un asunto que no está en firme”, señaló.
Acoso. La investigación contra la jueza se inició desde el año pasado.
En mayo del 2011, el Consejo Superior aprobó trasladarla a la Oficina de la Administración Regional de Santa Cruz como una medida cautelar en el proceso.
Aunque la Inspección Judicial no dio a conocer todos los detalles de la resolución dictada en la causa, sí comunicó que se le halló responsable de realizar acciones y emitir comentarios que se consideraron un “acoso”.
Precisamente, en el 2001 la jueza enfrentó otro procedimiento por acusaciones similares, cuando laboraba interinamente en el Juzgado Penal de San José.
En esa ocasión, la Inspección Judicial la halló responsable de “agresividad hacia compañeras, de un comportamiento vulgar, despectivo, hacia el personal subalterno y compañeros jueces”, según un acta del Consejo Superior. También, de que “tenía cierta preferencia a comentarios de índole sexual, llegando incluso a tocar los genitales a algún juez”.
Por ello, el Tribunal la sancionó con la revocatoria de nombramiento. No obstante, Baltodano apeló y el Consejo Superior determinó que no todos los hechos se habían probado.
Aclaró que sí se probaron comportamientos vulgares y palabras insultantes. La sanción de entonces fue de dos meses de suspensión sin goce de salario.
