EscucharLa pretensión del fiscal general de la República, Jorge Chavarría, de que el Ministerio Público tenga la desconcentración administrativa “máxima” con respecto al Poder Judicial, sacudió ayer los cimientos de la Corte Plena.
Chavarría lanzó el dardo luego de analizar una propuesta de reforma a la Carta Magna que pretende darle rango constitucional al despacho que hoy se encuentra bajo su dirección.
Sobre ese punto, tanto el fiscal como los magistrados están de acuerdo. La divergencia de criterios surgió al discutir el grado de autonomía que debería tener el Ministerio Público.
De acuerdo con el planteamiento de la Corte, la entidad acusadora tendría “absoluta independencia funcional” (en la labor de investigación) y “desconcentración administrativa”.
Sin embargo, el fiscal presentó ayer una contrapropuesta que avala la independencia funcional (como hasta ahora), pero insiste en que la desconcentración administrativa debe ser “máxima”, aunque el Ministerio siga adscrito al Poder Judicial.
“Nosotros tenemos una manera de pensar totalmente distinta a la de los jueces, y requerimos ajustar nuestro presupuesto a nuestras necesidades.
”Entonces, necesitamos separarnos un poquito para tomar nuestras propias decisiones, como personas mayores, y no tener que estar pidiendo permiso a la Corte ni depender de una mesada”, aseveró el jerarca.
A modo de ejemplo, dijo que la Fiscalía no puede realizar una lectura adecuada de la criminalidad porque no se le autoriza personal para llevar a cabo un análisis estadístico de los datos.
“Tengo que recurrir a la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, que sigue metas de los magistrados no del fiscal general”, aseveró el funcionario.
Tanto la propuesta de la Corte como la de Chavarría concuerdan en que el presupuesto para este despacho seguirá saliendo de una partida que el Poder Ejecutivo otorga al Judicial para ese fin.
Desacuerdo. Los planteamientos de Chavarría sorprendieron a los magistrados, quienes regresaron ayer del receso navideño al igual que el resto de funcionarios del Poder Judicial.
La mayoría señaló que la separación del Ministerio Público es innecesaria, pero que, en caso de efectuarse, debería ser total y no solo administrativa.
“Desconcentrar totalmente, obligaría al Ministerio Público a tener un aparato que no tiene en este momento. Pero más me preocuparía verlo pidiendo recursos a la Asamblea Legislativa sin el paraguas que ha tenido”, expresó el magistrado José Manuel Arroyo.
“¿Cuál será la relación con el Ministerio Público? Porque si solo vamos a nombrar y a disciplinar, entonces debemos darle total independencia”, alegó el magistrado Román Solís.
Similar criterio expresó la magistrada Magda Pereira: “La propuesta tiene deseo de sentirse independiente, pero sigue dependiendo del presupuesto (...). En nada se puede decir que el Ministerio Público se ha visto limitado”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, interpeló al fiscal general: “Yo no sé, don Jorge, en qué ha salido perjudicado el Ministerio Público con esta independencia no máxima.
”Siempre hemos tratado de resolverles los problemas administrativos lo más pronto posible y me parece que duplicar una estructura administrativa es un costo adicional”.
Al respecto, Chavarría rechazó que su propuesta signifique un divorcio entre la Fiscalía y el Poder Judicial pues, según alegó, el nombramiento del fiscal general siempre permanecería en manos de la Corte Plena.
