El Ministerio de Justicia decidió separar de su cargo como director de la cárcel La Reforma a Rónald Herrera Martínez, para reubicarlo en otras funciones.
La decisión se comunicó ayer, un día después de que el Tribunal de Flagrancia de Goicoechea le impusiera al funcionario asistir a Alcohólicos Anónimos al menos una vez por semana durante seis meses, tras haber sido sorprendido en un vehículo con 2,93 gramos de alcohol por litro de sangre.
La Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia abrió una investigación administrativa al funcionario para analizar una eventual sanción. Este órgano, además, espera conocer las medidas que Herrera debe cumplir por orden del Tribunal, para definir cuáles funciones realizará.
Herrera gestionó 30 días de vacaciones desde el 25 de octubre pasado, un día después de su detención en Sabanilla de Montes de Oca, por conducir ebrio.
Por ahora, se desconoce cuándo regresará pues se ha incapacitado algunos días por su internamiento en un centro de recuperación para alcohólicos.
La Sala IV, en el voto N.° 11-8617, señala que el alcoholismo es un trastorno de la salud mental, por lo que prohíbe el despido sin que el patrono conceda terapia previa.
Herrera tiene 25 años de laborar para la Dirección General de Adaptación Social, y es bachiller en Psicología. Durante su gestión, se produjo un intento de fuga que culminó con un custodio y dos reos muertos el 11 de mayo.
En ese momento, el cabecilla de la fuga, Joehl Araya, mantuvo el primer contacto de negociación con Herrera durante varias horas, antes de que la asumieran expertos del OIJ.
Plan reparador. El miércoles, el Tribunal de Flagrancia homologó como sentencia un plan reparador de los daños que Herrera cometió, a cambio de no ser enjuiciado por conducción temeraria.
La defensa de Herrera y la Fiscalía negociaron las siguientes medidas: mantener domicilio fijo, no conducir ebrio, suspensión de la licencia por dos años y laborar 150 horas en una unidad pedagógica pública por seis meses.
La jueza del Tribunal, Ana Lorena Jiménez, aceptó mantener las medidas y que Herrera pague ¢420.000 a una institución de beneficencia antes del 9 de enero del 2012, así como que asista seis meses a un centro de atención para tratar adicciones.