Una lesión en la mano de un juez del Tribunal de Juicio de Pavas provocó que este lunes fuera anulado un juicio que inició el 10 de febrero anterior contra dos integrantes de la organización narcotraficante liderada, presuntamente, por Marco Antonio Zamora Solórzano, conocido como El Indio.
Los imputados son Geovannie Badilla y Mauricio Chang, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio calificado, tráfico de drogas y asociación ilícita.
De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial, el juez Álvaro Abarca sufrió una rutura de tendón en una de sus manos, lo que provocó una incapacidad superior a los 10 días. El Código Procesal Penal establece en su artículo 336 que un juicio se puede suspender por un plazo máximo de 10 días.
"Según criterio médico del Instituto Nacional de Seguros (INS) debe recibir un tratamiento para su efectiva recuperación. No se descarta que se requiera una cirugía, pués la lesión podría generar una secuela de carácter permanente como es la inmovilidad, según el criterio del médico tratante", comunicó la entidad.
Ahora el juicio deberá empezar nuevamente desde cero a partir del 13 de octubre.
Walter Espinoza, jefe de Fiscalía contra la Delincuencia, explicó que el Ministerio Público solicitó al tribunal que un médico forense valorara al juez, para que indicara si podía asistir al juicio, a pesar de su lesión. No obstante, esa solicitud fue rechazada.
"A nosotros nos preocupa que hemos tenidos que estimar muchos recursos, lo que nos provoca incomodidad es que después de ocho meses todo el esfuerzo se lance por la borda", manifestó el fiscal.
Espinoza estima que más de ¢100 millones se han gastado en esos ocho meses, entre salarios de jueces, fiscales y gastos para atención de los reos.
Geovannie Badilla es considerado por la Fiscalía como "el brazo violento" de la organización del Indio. Era el encargado de reclutar a los sicarios y capacitarlos.
Él se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2012, mientras que Chang está preso desde mayo de 2013.
La defensa de Badilla solicitó que fuera puesto en libertad porque lleva más de tres años en prisión preventiva, sin embargo, esa petición fue rechazada con base a la normativa de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, agregó el fiscal.