El jefe, subjefe y dos agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron absueltos de los delitos de tortura, abuso de autoridad, agresión con arma y privación de libertad en perjuicio de tres hombres.
Así lo determinaron los jueces del Tribunal de Juicio de Pavas, Yorleny Campos, José Pablo Alvarado y Alejandra Valenciano, quienes reprocharon a la Fiscalía el haberlos acusado sin realizar un riguroso análisis de las pruebas.
Los funcionarios son Javier Quesada, Juan Acosta Jarquín, Cristian Luna Gómez y Eliécer Valerio Sandoval, quienes fueron reubicados en otras secciones a raíz del proceso penal.
El juez Alvarado sostuvo que el Ministerio Público imputó varios delitos en la acusación, pero al emitir conclusiones solo pidió que se les condenara por algunos, aunque por el resto no pidió la absolutoria, con lo cual faltó al deber de objetividad.
“Un fiscal debe fundamentar una condena como una absolutoria y, si se imputó en la acusación esos delitos y no los logró probar a través del contradictorio, debe fundamentar por qué pide las absolutorias. Ahí se deriva un claro y evidente principio de objetividad, que aquí no estuvo presente en el juicio”, afirmó.
Denuncia. Los hechos se remontan al 24 de octubre del 2011, cuando un grupo de policías detuvo cerca del parque de la Paz, en San José, a Owen Roberto Steven Brown, quien luego fue condenado a 52 años de prisión por el homicidio del custodio de cárceles del OIJ Fernando Calvo Monge.
En una persecución para detener a Steven, los agentes siguieron a los sujetos desde Alajuelita. Cerca del parque de La Paz, los oficiales interceptaron el taxi en que iba el sospechoso con otros dos ocupantes, de apellidos Mora y Méndez. Estos últimos no tenían vínculos con el crimen ni eran el objetivo.
A ellos los bajaron del vehículo y los esposaron en el suelo, por lo que denunciaron haber sido golpeados por los agentes para que revelaran información.
La jueza Campos sostuvo que la actuación de los oficiales al privarlos de libertad fue legítima.
Valerio afirmó que se trató de un caso falso e injusto que la Fiscalía montó contra todos ellos.
“Han sido tres años en los que hemos luchado por demostrar nuestra inocencia. Hemos tenido la oportunidad de demostrar lo que hemos sido y de no ensuciarnos como el Ministerio Público ha querido”, dijo.