Testigo lleva a la cárcel al homicida de novios

Así lo explicaron los jueces del Tribunal Penal de Cartago, al dictar la pena de 30 años de cárcel por cada crimen y cinco años por el robo de una cámara fotográfica, propiedad de las víctimas. La pena se fija en 50 años, que es la máxima en el país.

El condenado fue José Gerardo Ramírez Obando, de 22 años, quien es agricultor y vive cerca de la zona en la que aparecieron los cadáveres de Valeria Cortés Solano, de 15 años, y Sebastián Condorí Guerrero, de 16, en Calle Mero de Paraíso.

Sus cuerpos baleados y apuñalados fueron hallados el 14 de enero de este año, un día después de que desaparecieron, luego de salir a hacer unas fotografías.

Al dictar la pena, el Tribunal retomó el testimonio de un amigo del imputado, de apellido Vega, a quien Ramírez le ofreció vender la cámara fotográfica.

“En esa negociación hay particulares como la actitud del imputado, quien pretende ocultar ante la mirada de terceros ese objeto”, resaltó el juez Jorge Rojas, quien explicó la decisión.

El juzgador continuó: “En otra conversación que ellos sostuvieron, el testigo observó al imputado nervioso y le insinuó que si tenía alguna participación en los hechos (homicidios) y el mismo imputado, con su cabeza, indicó una señal afirmativa”.

Los jueces añadieron que luego de los homicidios, Ramírez se presentó ante la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago porque, supuestamente, tenía evidencia de lo sucedido, pero que no llevó dicha prueba, sino que la cámara y un arma de fuego fueron halladas en el cielorraso de su vivienda.

Los otros jueces que participaron fueron Ivannia Delgado y Alberto Chaves.

Al sentenciado se le dictó una prisión preventiva de seis meses, mientras el fallo queda en firme.

Violencia. En su explicación, el Tribunal calificó el crimen de los jóvenes como “atroz” y reprocharon a Ramírez que por ser de la zona, tenía “control” del lugar.

Asimismo, le reclamaron el haber herido en más de una ocasión a la pareja de muchachos, quienes eran músicos de la Orquesta Sinfónica Manuel María Gutiérrez .

“La calidad, cantidad y ubicación de las heridas nos ha llevado a concluir que hubo empleo de una violencia excesiva, desproporcionada y atroz”, manifestó Rojas.

Pese a que la Fiscalía pidió la pena máxima (35 años por crimen), el Tribunal consideró que el imputado fue por sus propios medios al OIJ, que es de baja escolaridad y no tenía antecedentes penales.

Los familiares de las víctimas expresaron que finalmente hubo justicia por las muertes de sus hijos. Colaboró Álejandra Portuguez.