El Tribunal del Segundo Circuito Judicial condenó este martes a los periodistas Nicolás Aguilar y Edgar Fonseca a 100 días de prisión (conmutables por días multa) y al pago de ¢3 millones al estimar como calumnioso un artículo publicado por Aguilar el 28 de setiembre del 2011 en el diario Al Día.
La publicación hacía referencia a un falso abogado que era buscado por las autoridades, cuando en realidad se trataba de una persona con el título que lo acreditaba como profesional en Derecho.
El querellante, de apellidos Hernández Mussio, acusó además por difamación y calumnias al periodista de La Nación, Rónald Moya, quien fue absuelto de toda culpa y responsabilidad por otra noticia publicada en el diario La Nación el 13 de octubre de ese mismo año. Esta noticia hizo referencia a la captura de Hernández por parte de la Fiscalía.
La información de Aguilar reveló que las autoridades buscaban a Hernández por un supuesto fraude por más de $600.000 en perjuicio de varios empresarios. Hernández dijo que a raíz de esa publicación perdió clientela.
Posteriormente, Hernández estuvo preso por más de diez meses y el caso que se le imputa por supuesta administración fraudulenta está a la espera de un juicio en Puntarenas.
El abogado del Grupo Nación, Carlos Tiffer, expresó que Nicolás Aguilar indagó sobre Hernández y le dijeron que se hacía pasar por abogado, razón por la cual lo consignó en su nota.
Añade que la Fiscalía envió al periódico una fotografía e indicaba que a esa persona se le buscaba por una estafa de $600.000.
Según Tiffer, como la Fiscalía no suministró el nombre completo de Hernández, el periodista Nicolás Aguilar no tenía la forma de saber si era abogado.
El Tribunal, integrado por Hugo Porter, Mercedes Muñoz y Mauren Iong, consideró que, con base en la Ley de Imprenta, se cometió una calumnia.
Al director del medio, Edgar Fonseca, el Tribunal lo condenó al estimar que no vigiló ni supervisó el artículo publicado.
El Tribunal dictó como acción civil resarcitoria el pago de ¢3 millones en lugar del monto solicitado por el querellante, que era de $1 millón.
"Me parece muy grave la condena a prisión de cualquier periodista y más en este caso donde Nicolás Aguilar lo que hizo fue cumplir con el deber que la ley le da de informar y divulgar fotos que el Ministerio Público le suministró. Más grave aún fue condenar al director, porque contra él ni se acusó, ni se demostró ninguna participación", sostuvo Tiffer.
Afirmó que está a la espera de la sentencia integral que será leída el 26 de agosto, para conocer los argumentos del Tribunal y decidir si se acude a otros recursos que la legislación dispone en estos casos.
Por su parte, el abogado del querellante, José Miguel Villalobos, afirmó que la sentencia marca un hito importante en la historia de la libertad de expresión porque le señala una limitación fundamental a los periodistas.
"En este caso no se condenó por informar que había una persona buscada por la Policía, que es algo de interés público, sino por haber indicado en el título que era un falso abogado. Eso no lo había suministrado el Ministerio Público ni el OIJ, fue producto de la invencion del periodista por las razones que solo el sabrá", acotó.
En cuanto a Edgar Fonseca, dijo que la condena es porque así lo estipula el artículo 7 de la Ley de Imprenta contra el director del medio.
"Bajo la excusa de libertad de expresión, no pueden mentir", concluyó Villalobos.