Guarda fue 10 meses a cárcel por crimen que no cometió

Los jueces José María Arguedas, Miguel Lizano y Xionaro Gutiérrez reprocharon a la Fiscalía la investigación realizada.

“(...) los testigos de descargo ubicaron al aquí imputado en su vivienda en el momento de los hechos de una manera indubitable”, apuntó el tribunal.

“Es importante señalar que estos testigos no aparecieron repentinamente para la etapa de juicio, sino que todos indicaron en sus declaraciones que, desde que se enteraron de la detención, se presentaron a declarar al Ministerio Público y fueron entrevistados.

”Por lo cual, extraña al tribunal que el Ministerio Público ignorara la existencia de esta prueba sin preocuparse por corroborar sus versiones y determinar si la investigación había tomado un rumbo equivocado”, añadió.

El afectado estuvo en prisión desde el 20 de julio del 2011 hasta la absolutoria. La medida se tomó a petición del fiscal Irving Malespín, con el aval del Juzgado Penal de la zona, y se prorrogó varias veces. Una de las prórrogas fue dada por el juez Gerardo Salas. Ayer, la Fiscalía dijo que estaba localizando el caso (ya archivado) para dar una respuesta sobre lo sucedido.

“Lo que sí se puede adelantar es que toda acusación elaborada por el Ministerio Público es analizada por un juez de garantías (...) para luego decidir si eleva o no el caso a juicio”, comunicó.

La entidad añadió que el Ministerio Público “está trabajando de manera sólida para fortalecer la capacitación de los fiscales y las fiscalas, así como la supervisión –por parte de las jefaturas– de las conclusiones fiscales que se realicen, sean estas acusaciones, desestimaciones o sobreseimientos”.

Por su parte, la oficina de prensa del Poder Judicial señaló que: “Las personas juzgadoras resuelven con base en un principio de independencia judicial. Cuando se determina que existió alguna irregularidad, se valora, de acuerdo con el caso concreto, si procede la apertura de un proceso disciplinario”. Al cierre de edición, la entidad no se había referido a este caso.

Rafael Rodríguez, abogado del absuelto, adelantó que en los próximos días presentará la demanda contra el Estado.

Señalado. Al vigilante se le llevó a juicio por el homicidio de un joven de apellido Granados, de 18 años, ocurrido el 19 de julio del 2011, en Guápiles. El acusado relató ayer que se le vinculó con la muerte porque él le había reclamado a ese individuo y a allegados por el robo de una motocicleta.

“Ellos vendían droga; eran los dueños del barrio. Les fui a reclamar y tuve una discusión con ellos. A los días, tuve un problema con un hermano de él, le dije que me tenían que devolver la moto y me fui para la casa. Como a las 6 p. m. o 7 p. m., me llama un muchacho y me dice: ‘Mataron a Maní y la gente anda diciendo que fue usted’. Yo le dije: ‘Pero aquí estoy yo, y hay tres o cuatro personas. Yo no debo nada”.

Contó que después lo detuvieron. Dijo que, en ese momento, trabajaba de noche en un bar y acababa de abrir una soda con su esposa.

“Todo lo que tenía lo perdí”, narró el guarda, quien agregó que fue muy difícil estar en prisión.