La madre de un escolar de 10 años, fallecido el 8 de junio del 2015, producto de una bala percutida por un oficial de la Policía de Control de Drogas (PCD), rechazó conciliar con el Estado y así evitar un juicio.
Esta decisión la confirmó este miércoles el abogado Edwin Duartes Delgado, representante legal de la familia, quien explicó que inicialmente les ofrecieron una indemnización de ¢35 millones, pero luego la subieron a ¢40 millones.
"La familia es cierto que esta solicitando una compensación económica. Nunca se satisfizo completamente lo que pedimos (...) pero la madre siempre consulta qué va a pasar con el oficial, si va a seguir trabajando. Ella no está tan preocupada por la plata, está preocupada porque (el policía) pague de alguna manera, que manifieste el arrependimiento", dijo Duartes.
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El niño falleció cuando una bala lo impactó en la cabeza mientras jugaba carritos en el piso de su casa en La Cuesta de Corredores, en Puntarenas. La bala salió de una pistola 9 mílímetros que accionó un oficial de la PCD de apellido Solano, según determinó una minuciosa pesquisa realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El policía disparó desde un vehículo en movimiento, cuando huía, junto a otro efectivo, del ataque a balazos de tres sospechosos de narcotráfico. La agresión ocurrió cuando los tres hombres se percataron de que eran vigilados por los oficiales en la ciudadela Zumbado, situada a la par del cementerio de La Cuesta.
Causas penales
El hecho, que sucedió en un trayecto de 200 metros, generó dos procesos judiciales. Uno que se llevó en el expediente 15-001070-062-PE, en el cual se acusó a Seyler Núñez Mora, Marvin Vega Santamaría y Jorge Luis Pérez Echeverría de los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado y tenencia ilegal de arma, por disparar a los policía y robarles una pistola.
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El jueves de la semana anterior el Tribunal de Juicio de Corredores condenó a Pérez, Núñez y Vega a descontar 27 años (el primero) y 25 años de prisión, los dos últimos.
Esta fue la segunda ocasión en que estos hombres fueron juzgados por ese ataque. En el 2016 habían sido condenados, pero en abril pasado el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago anuló el juicio y ordenó un nuevo debate, que se realizó entre agosto y setiembre de este año.
En tanto, en la causa 15-001067-0062-PE el Ministerio Público acusó al policía Solano por el delito de homicidio culposo, que tiene pena de seis meses a ocho años.
Lo anterior, porque consideraron que el agente, "faltando al deber objetivo de cuidado, extralimitó su capacidad de adiestramiento y formación como policía y, de forma imprudente empuñó el arma, disparando para atrás desde el vehículo en que huía del lugar, sin tener un objetivo definido, en un lugar poblado, impactando al menor de edad que se encontraba en su casa".
En ese proceso, la familia del niño querelló y presentó una acción civil resarcitoria contra el Estado. El caso está elevado a juicio, pero la fecha del debate todavía no se ha fijado.
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Edwin Duartes dijo que para evitar más atrasos, este miércoles pidió a los seis jueces superiores que están en la jurisdicción de Corredores que se inhiban de conocer del asunto.
"Ellos de alguna forma ya conocen parte de los hechos, pues participaron en los dos juicios por el intento de homicidio. Es preferible que el asunto sea pasado a Pérez Zeledón", relató.
"La familia lo que espera de alguna manera es que esta persona que está siendo imputada sea castigada, que tenga que incurrir en algún esfuerzo, que se demuestre que efectivamente se hizo justicia", agregó el abogado.