El exgerente de la agencia del Banco Nacional en Cóbano Juan Carlos Quesada Salas deberá enfrentar la justicia a partir de hoy en un juicio que se realizará en los Tribunales de Goicoechea.
En el debate, previsto para iniciarse a las 8 a. m., se analizará la sustracción de la bóveda de esa oficina de ¢375 millones, ocurrida el 18 de enero del 2013.
Los encargados de dirigir la diligencia judicial son los jueces Hugo Porter Aguilar (quien presidirá el Tribunal); Érika Calvo Navas y Gabriela Albán Zúñiga.
La oficina de prensa del Poder Judicial informó de que en el debate se contará con el testimonio de 20 personas y se podría extender hasta el 7 de marzo.
Antecedentes. El hecho por el que se enjuiciará al exgerente fue descubierto el 21 de enero del año pasado, cuando los empleados de la agencia bancaria se presentaron a trabajar y se dieron cuenta de que el dinero había desaparecido.
Tras percatarse de la ausencia de los fajos de billetes, los funcionarios empezaron a llamar al gerente, pero él no apareció.
Luego de sustraer el dinero, Quesada estuvo cuatro días en fuga; sin embargo, se entregó a las autoridades.
En ese momento, alegó que cometió la sustracción porque varios individuos, a quienes no identificó, lo tenían amenazado. Agregó que les entregó toda la plata.
Asimismo, las autoridades verificaron que en ese lapso Quesada fue a Nicaragua ilegalmente.
Fue por medio de los videos de las cámaras de seguridad que se descubrió que el exgerente había sacado el dinero de la bóveda.
Tras extraer los billetes, los colocó en una caja de cartón que tenía debajo de un escritorio.
Posteriormente, se ve cómo el enjuiciado cuenta los fajos de billetes y abandona la entidad con la caja de cartón.
También el video muestra cuando Quesada intentó mover las cámaras con una escoba.
La Fiscalía acusa a Quesada del delito de peculado, que, según el Código Penal, lo comete el “funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”. La pena va de tres a 12 años de prisión.
Pese a que en febrero agentes judiciales allanaron varias viviendas de familiares del exgerente en Tilarán, los esfuerzos de las autoridades por recuperar el dinero fueron infructuosos y aún se desconoce su paradero.